CILUS se opone a CETA y TTIP y exige una renegociación

publicado a la‎(s)‎ 28 sept. 2014 14:09 por Cilus Ciudadanos Libres Unidos



Esta semana se firmó el Tratado de Libre Comercio entre la UE y el Reino del Canadá, muy similar al tratado en negociación con Estados Unidos. El problema que plantean ambos tratados no es tanto el libre comercio, que en cierta medida ya existía, sino sus disposiciones sobre la protección de las inversiones.

Hasta la fecha, la Comisión Europea había negociado el tratado sin ninguna transparencia, a puertas cerradas. Sólo filtraciones a la prensa permitieron conocer algunos detalles. De esta manera, la UE, caracterizada por la ausencia de controles democráticos, se vio obligada a abrir un debate sobre estos dos tratados. Aún así, la Comisión Europea da las negociaciones con Canadá por cerradas y el tratado por firmado, cuya entrada en vigor está prevista para 2016, de modo que no quiere permitir modificaciones del mismo. 

No obstante, Ciudadanos Libres Unidos – CILUS considera que no se puede permitir la entrada en vigor de un tratado negociado a espaldas de los ciudadanos europeos. Nuevamente queda manifiesta la inoperancia del Parlamento Europeo, que no interviene en la redacción del tratado CETA ni en la del TTIP.

El CETA no tiene en cuenta las peticiones de los sindicatos ni la soberanía legisladora de los estados europeos. El punto más polémico es el mecanismo llamado “Investor o State Dispute Settlement” (ISDS). Se trata de acciones especiales reservadas a los inversores privados por las que éstos pueden demandar a los estados y que socavan las legislaciones nacionales. Dicho instrumento desproporcionado concede a los inversores extranjeros proceder contra regulaciones estatales, a través de tribunales de arbitraje y no de la jurisdicción ordinaria, para reclamar elevadas indemnizaciones por el lucro cesante que pueda suponer una nueva regulación de materias que limiten las expectativas o la continuidad de inversiones. Es decir, los tribunales de arbitraje de la jurisdicción voluntaria privada tendrán la capacidad de condenar a los estados al pago de tales indemnizaciones.

Además, las disposiciones que deben garantizar los derechos de los trabajadores no han sido redactadas de manera que permitan su realización efectiva. Los sindicatos exigen que estos derechos deben regirse por los mismos mecanismos que en la legislación ordinaria.

Por vez primera se regula en un tratado de la UE que los servicios quedan sometidos a una lista negativa, es decir, todos los sectores no incluidos en la lista deberán ser liberalizados. En realidad debería ser a la inversa: La lista debe contener todos aquellos servicios para los que existirá la obligación de ser liberalizados. Y lo que resulta aún más gravoso es el hecho de la irreversabilidad de las liberalizaciones, ya que el CETA no prevé correctivos en caso de resultar que al detectar que la liberalización de un sector ha sido un error, no será posible invertir el proceso.

También existen otros problemas como la limitación de las ventajas económicas si el volumen de las exportaciones entre UE y Canadá es desproporcionado. En resumen, se trata de un tratado negociado a espaldas de los máximos interesados: los ciudadanos europeos, y sin ningún control, parlamentario. Al final sólo ganarán los grandes consorcios empresariales, mientras que las PYMES no van a tener ninguna posibilidad de ni siquiera financiar costosos procedimientos arbitrales o lobbies que influyen decisivamente en la labor legisladora de los parlamentos por medio de diputados que tienen a su servicio. Y los ciudadanos no interesan ni a la UE ni a los grandes consorcios.

Pedro Schwenzer, Secretario General de Cilus


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