Política Europea

CILUS se opone a CETA y TTIP y exige una renegociación

publicado a la‎(s)‎ 28 sept. 2014 14:09 por Cilus Ciudadanos Libres Unidos



Esta semana se firmó el Tratado de Libre Comercio entre la UE y el Reino del Canadá, muy similar al tratado en negociación con Estados Unidos. El problema que plantean ambos tratados no es tanto el libre comercio, que en cierta medida ya existía, sino sus disposiciones sobre la protección de las inversiones.

Hasta la fecha, la Comisión Europea había negociado el tratado sin ninguna transparencia, a puertas cerradas. Sólo filtraciones a la prensa permitieron conocer algunos detalles. De esta manera, la UE, caracterizada por la ausencia de controles democráticos, se vio obligada a abrir un debate sobre estos dos tratados. Aún así, la Comisión Europea da las negociaciones con Canadá por cerradas y el tratado por firmado, cuya entrada en vigor está prevista para 2016, de modo que no quiere permitir modificaciones del mismo. 

No obstante, Ciudadanos Libres Unidos – CILUS considera que no se puede permitir la entrada en vigor de un tratado negociado a espaldas de los ciudadanos europeos. Nuevamente queda manifiesta la inoperancia del Parlamento Europeo, que no interviene en la redacción del tratado CETA ni en la del TTIP.

El CETA no tiene en cuenta las peticiones de los sindicatos ni la soberanía legisladora de los estados europeos. El punto más polémico es el mecanismo llamado “Investor o State Dispute Settlement” (ISDS). Se trata de acciones especiales reservadas a los inversores privados por las que éstos pueden demandar a los estados y que socavan las legislaciones nacionales. Dicho instrumento desproporcionado concede a los inversores extranjeros proceder contra regulaciones estatales, a través de tribunales de arbitraje y no de la jurisdicción ordinaria, para reclamar elevadas indemnizaciones por el lucro cesante que pueda suponer una nueva regulación de materias que limiten las expectativas o la continuidad de inversiones. Es decir, los tribunales de arbitraje de la jurisdicción voluntaria privada tendrán la capacidad de condenar a los estados al pago de tales indemnizaciones.

Además, las disposiciones que deben garantizar los derechos de los trabajadores no han sido redactadas de manera que permitan su realización efectiva. Los sindicatos exigen que estos derechos deben regirse por los mismos mecanismos que en la legislación ordinaria.

Por vez primera se regula en un tratado de la UE que los servicios quedan sometidos a una lista negativa, es decir, todos los sectores no incluidos en la lista deberán ser liberalizados. En realidad debería ser a la inversa: La lista debe contener todos aquellos servicios para los que existirá la obligación de ser liberalizados. Y lo que resulta aún más gravoso es el hecho de la irreversabilidad de las liberalizaciones, ya que el CETA no prevé correctivos en caso de resultar que al detectar que la liberalización de un sector ha sido un error, no será posible invertir el proceso.

También existen otros problemas como la limitación de las ventajas económicas si el volumen de las exportaciones entre UE y Canadá es desproporcionado. En resumen, se trata de un tratado negociado a espaldas de los máximos interesados: los ciudadanos europeos, y sin ningún control, parlamentario. Al final sólo ganarán los grandes consorcios empresariales, mientras que las PYMES no van a tener ninguna posibilidad de ni siquiera financiar costosos procedimientos arbitrales o lobbies que influyen decisivamente en la labor legisladora de los parlamentos por medio de diputados que tienen a su servicio. Y los ciudadanos no interesan ni a la UE ni a los grandes consorcios.

Pedro Schwenzer, Secretario General de Cilus


El campo español, la gran asignatura pendiente de España y de la Unión Europea

publicado a la‎(s)‎ 29 may. 2014 16:26 por Cilus Ciudadanos Libres Unidos

En este momento, en que todos los partidos políticos están  lanzados a la conquista de los escaños en el Parlamento Europeo, hablar del campo y de la agricultura puede sonar a música celestial.   Pero una campaña europea está ahí para que se hable de los problemas que afectan a los europeos, no para que  los partidos se insulten mutuamente.  Esto ya lo vivimos en nuestra política nacional y autonómica. Y entre los muchos problemas que tenemos en España relacionados con la UE, están el  paro y la agricultura. El problema de la agricultura española es, al mismo tiempo, una cuestión de paro y de supervivencia. La solución a estos dos problemas no depende solo  del Gobierno español –aunque mucho-,  sino también y en mayor medida de las instituciones de la Unión Europea. Estamos ante dos temas relacionados con dos políticas comunes de toda la Unión Europea, en las que la voz cantante, al menos en teoría, la tienen la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, no los Estados miembros.

La ausencia de todos estos temas en los discursos de los candidatos al Parlamento Europeo no sé si es señal  de irresponsabilidad o de ignorancia. Es mucho lo que debemos exigir de nuestros futuros representantes, porque es mucho lo que está en juego. No, no es una tarea fácil la que cargan sobre sus hombros, si quieren defender realmente los intereses de los ciudadanos y no los intereses de su propio partido.  Los parlamentarios europeos no son meramente consultados, son verdaderos legisladores, como cualquier parlamento nacional, y son representantes de todos los europeos, de los europeos de los países ricos  e industriales y  de los europeos de los países menos ricos y agrícolas

Hace pocos meses se cerraron las negociaciones sobre el  acuerdo de libre comercio entre la UE y  Canadá, y este acuerdo puede afectar de forma muy profunda –positiva o negativamente-  a los agricultores. Se dice que este acuerdo, además de suprimir prácticamente todos los aranceles, supondrá miles de millones de beneficios, pues aumentaran los intercambios comerciales en un 23 %. Este acuerdo servirá de modelo a un acuerdo mucho más amplio aún, el acuerdo de libre comercio entre los Estados Unidos y la UE.

No han entrado aún en vigor el acuerdo con Canadá, y en algunos sectores ya han saltado todas las alarmas, sobre todo en los relacionados con las explotaciones  ganaderas de cerdos y de animal vacuno. Por un lado, Europa duplicará su cuota de lácteos y quesos en el mercado canadiense, pero, por otro, Canadá podrá vender carne de cerdo y de vacuno en Europa.

El campo español tiene que luchar contra muchos frentes, sobre todo contra las importaciones procedentes de terceros países, muchos de ellos  con unas nomas laborales mucho menos estrictas. A esto se va a añadir ahora la competencia de Canadá y de los Estado Unidos.

No digo que en conjunto estos acuerdos no sean beneficiosos o necesarios. Pero ¿lo son para la agricultura española? Libre comercio está muy bien, pero cuando rigen para todos las mismas reglas,  y tanto Canadá y como Estados Unidos tienen  unas normas muchos menos estrictas en cuanto a la alimentación de los animales, lo que supone unos costes de producción muchos menores. ¿Se ha pensado de qué forma van a compensar los muchos puestos de trabajo que pueden desaparecer?

Según el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, los tratados de libre comercio constituyen uno de los vínculos más evidentes entre la globalización y el aumento de la desigualdad, ya que esos pactos privilegian la liberalización del flujo de mercancías, pero impiden el libre tránsito de trabajadores. Tales acuerdos incrementan la capacidad de negociación del capital sobre la mano de obra, reducen los salarios y elevan la desigualdad.

El campo, y sobre todo el campo español y de los países mediterráneos,  es el sector más olvidado de las políticas de la Unión Europea.  Es verdad que existe una Política Agrícola Común para toda la Unión Europea, la famosa PAC, y es verdad también que la PAC  se lleva la mayor parte del presupuesto de la Unión Europea, pero ¿cómo se distribuye ese presupuesto? ¿Ha servido acaso para elevar el nivel de vida de los agricultores españoles? ¿Ha servido para retener el éxodo de la población rural  hacia los barrios satélites de las grandes ciudades? ¿Se ha promocionado la creación de pequeñas industrias en las zonas rurales relacionadas con los productos del  campo? ¿Se ha valorado el papel que juegan los agricultores en la protección del medio ambiente?  En este mismo sentido ¿se ha pensado acaso en el papel que pueden jugar los habitantes de nuestros pueblos en la limpieza de los bosques? 

Podría seguir con otros muchos interrogantes. España lleva ya casi 28 años dentro de la Unión Europea, y no creo que haya mejorado mucho la situación del agricultor español. Sería muy simple cargar la responsabilidad sobre los agricultores. Nadie, sin una causa muy seria, se va de su casa más o menos confortable del pueblo para meterse en un piso de 60 metros.  Nadie deja por gusto de ser patrono de sí mismo para someterse a las órdenes de otro.  ¿Por qué no se da este despoblamiento del campo en otros países como Holanda, Alemania, Luxemburgo e incluso Francia? Me diréis que esos países tienen un terreno mucho más rico que España. Sí, es verdad, su terreno es mucho más rico y tienen más agua. Pero nosotros tenemos sol, ese sol  es nuestro petróleo limpio y lo tenemos inexplotado a flor de tierra.  Mientras tanto, estamos buscando petróleo que contamina a kilómetros de profundidad en las costas de Canarias ¿Por qué no se han explotado la energía solar y, en general, las energías renovables para el desarrollo de la agricultura?  

La desaparición de cientos de pueblos en las zonas pobres  de España no es el resultado del azar ni obra de un día. Compaginar la actividad agrícola con un trabajo industrial podría haber sido y podría ser en el futuro una solución para la vida de muchos pueblos del centro de España.  Pero de la mayoría de nuestros políticos no podemos esperar imaginación sino especulación.

¡Son tantos los puestos de trabajo que se podrían crear si se aplicaran las energías renovables al campo español! De esta forma, se matarían dos pájaros de un tiro.  

La PAC es una política única de toda la Unión Europea. Es la Comisión Europea la que dirige  esta política, pero el Parlamento Europeo juega también un papel importantísimo tanto en las normas por las que se rige la política agrícola como en los acuerdos Internacionales.

En cuanto a la política agrícola común, nuestros futuros representantes en el Parlamento Europeo tienen que luchar por que no desaparezca gran parte de la agricultura española. La agricultura, y sobre la agricultura mediterránea, tiene que enfrentarse a una competencia mucho más desleal que la industria de los países nórdicos. Es responsabilidad de la EU fomentar por todos los medios una agricultura competitiva, mecanizada y de alto valor añadido, para que pueda hacer frente, y sin subvenciones,  a la competencia desleal de los países con mano de obra barata. En los acuerdos comerciales de la UE la agricultura suele ser la cenicienta de los mismos y la moneda de cambio.

 

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