Justicia

Respecto al Poder Judicial español, CILUS propone:

a) Modelo de Justicia propuesto

  • Procurar la recuperación por el Estado de la competencia exclusiva en materia de Justicia a fin de facilitar la homogeneidad de la estructura, coordinación y conexión entre todos los juzgados y tribunales del país.

  • Realizar un análisis profundo de la situación y necesidades de la Administración de Justicia para determinar las reformas estructurales necesarias, la revisión de los sistemas retributivos y de inspección, así como la inversión necesaria a fin de aproximarnos a la media europea tanto en presupuesto como en el número de jueces por habitantes y conseguir reducir los dilatados plazos de resolución de asuntos. Apostamos por facilitar una dotación económica suficiente que permita acabar con la justicia de dos velocidades y favorecer la implantación y desarrollo del nuevo modelo de forma cohesionada y en idénticas condiciones en todo el territorio español.

  • Impulsar la modificación legislativa de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria.

  • Revisar el Código Penal, armonizando el sistema de penas introduciendo penas y medidas alternativas a la prisión y adecuando la relación delito- pena.

  • Revisar los tipos e incrementar las penas relativas a los delitos que afectan al conjunto de la sociedad, como los delitos contra la Hacienda Pública, la ordenación del territorio, el medio ambiente, el urbanismo y también los delitos de terrorismo.

  • Buscar un acuerdo amplio para revisar el modelo de acceso a la carrera judicial y fiscal de modo que se potencie la profesionalidad, la formación técnica y la especialización de sus integrantes, garantizando que se realice a través de procesos públicos, abiertos, y transparentes, y bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad.

  • Recuperar el principio de jurisdicción universal y creación de protocolos para la incorporación de las resoluciones de las cortes internacionales.

  • Abordar la reorganización de la nueva Ley de Planta y Demarcación que fije una nueva organización territorial de los partidos judiciales y la especialización de los órganos judiciales, favoreciendo el acercamiento y la accesibilidad del ciudadano a la Administración de Justicia.

  • Desarrollar una ley de justicia cívica, de carácter preventivo, e implementar los mecanismos de mediación o conciliación en todos los órdenes jurisdiccionales, incluido el penal.

  • Reestructurar la Audiencias Provinciales para descongestionar a los Tribunales Superiores de Justicia.

  • Potenciar la “justicia voluntaria” con la creación de Cortes de Arbitraje y 


b) Justicia al servicio de la ciudadanía

Realizar una reforma del sistema de justicia gratuita fomentando la especialización, dotándola de medios suficientes y adecuados para que toda la ciudadanía, en función de su nivel de renta y capacidad económica, pueda hacer efectivo su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.
 
Suprimir las trabas que impiden que la ciudadanía pueda acceder a la justicia en condiciones de igualdad.

  • Facilitar de forma efectiva la adecuada información y asesoramiento previo a la ciudadanía en su relación con la justicia que permita su acceso al itinerario real del proceso en todas sus fases, incluida la ejecución.
  • Suprimir trámites innecesarios o duplicados que dilatan los procedimientos judiciales. Castigar las dilaciones indebidas.
  • Promover el uso de un lenguaje claro en el ámbito judicial en su relación con los ciudadanos, de modo que los procedimientos judiciales sean comprensibles sin necesidad de asesoría profesional.
  • Aprobar una ley que desarrolle la Carta de Derechos de los Ciudadanos, reactive el Plan de Transparencia Judicial y garantice e incentive la participación activa de la ciudadanía en la administración de Justicia.
  • Garantizar la máxima cobertura y protección a las víctimas de la violencia de género.
  • Suprimir las tasas judiciales actuales para pequeñas y medianas empresas, que quedarán solo para sociedades mercantiles cuyo nivel de facturación supere el millón de euros anual.
  • Crear un modelo de Justicia de proximidad, de base o de primer grado para resolver los litigios de escasa complejidad y que requieren un tratamiento más ágil.
  • Crear los tribunales de instancia, que sustituirán a los órganos unipersonales. El conjunto de jueces de instancia de una misma demarcación constituirán un único Tribunal bajo la dirección de una Presidencia y con una única oficina judicial común que prestará servicio a todos ellos.
  • Aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y que cree la figura del juez de garantías encargado de velar por el cumplimiento de los principios constitucionales durante todo el proceso así como del estatuto de protección integral de la víctima e instaure la segunda instancia penal.
  • Reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para reforzar la autonomía de la institución, delimitando las facultades del fiscal general del Estado y potenciando las funciones del Consejo Fiscal, de las Juntas de Fiscales y de la Junta de Fiscales de Sala. 
  • Reformar el Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Fiscalía, en cuanto a la designación mediante el criterio de elección de sus miembros. Procurar la independencia y despolitización de sus miembros.

a)  Consejo General del Poder Judicial: volver al mandato constitucional. Se propone que los doce vocales judiciales del CGPJ sean elegidos por votación libre, directa y secreta por Jueces y Magistrados, y el resto de vocales (los ocho no judiciales), por ambas Cámaras legislativas pero de entre diversos profesionales de reconocido prestigio propuestos por distintos órganos de la sociedad civil (Universidades, Colegios Profesionales, etc...).

b)  Tribunal Constitucional: Se propone recuperar la suspensión de las leyes estatales o autonómicas que puedan afectar a derechos fundamentales o cuestiones de inconstitucionalidad, si se presenta contra ellas recurso de inconstitucionalidad, debiendo ser éste resuelto con preferencia a todos los demás asuntos en un plazo máximo de tres meses.

c)  Órganos constitucionales y no constitucionales de control: se propone prohibir que sus miembros hayan desempeñado cargos políticos en los últimos quince años, y que parte de ellos miembros deban provenir de la propuesta realizada por diferentes órganos de la sociedad civil

d)  Tribunales Superiores: se propone suprimir la elección del Magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia por los Parlamentos autonómicos.


  • Implantar en todo el territorio español un único sistema informático de gestión procesal y definitiva creación de las unidades administrativas. Completar el proceso de implantación de las TIC.
  • Crear el Centro Nacional de Menores Desaparecidos.
  • Para el ingreso/promoción en la carrera judicial, Derogar la LO 12/2011en concreto, de los apartados 6, 7 y 8 por los que jueces, fiscales y secretarios judiciales con cargos públicos electos pueden retornar en el futuro a su carrera sin perder antigüedad y con el privilegio de tener preferencia a la hora de elegir destino.
  • Se suprimirá el sistema de acceso a la carrera judicial denominado del Cuarto Turno. Su acceso será únicamente por Oposición Libre.
  • Modificar el Código Penal para poder inhabilitar, o suspender automáticamente, a los cargos públicos y representantes democráticamente elegidos que incumplan deliberadamente las resoluciones judiciales firmes o que, mediante cualquier publicación o declaración pública, se opongan a la observancia de las Leyes y resoluciones judiciales o inciten a su incumplimiento. Estudiar la inclusión en el Código Penal de un nuevo delito de administración desleal de autoridades y cargos públicos.
  • Reducir la litigiosidad por medio de:
a)  Fomentar el derecho preventivo o asesoramiento previo a la asunción de derechos y obligaciones, particularmente por parte de los consumidores, reforzando el papel asesor del notario en aquellos negocios jurídicos que requieran su intervención.

b)  Fomentar los pactos reguladores de las consecuencias de las rupturas de pareja a fin de reducir la conflictividad y los problemas derivados de la coexistencia de diferentes sistemas de derecho civil en nuestro país, que en muchos casos exceden claramente las facultades constitucionales de las Comunidades Autónomas.

c)  Promulgar una Ley de Mediación introduciendo los incentivos necesarios para fomentar su uso, siempre voluntario, adaptado a los distintos ámbitos: familiar, civil, mercantil y penal.

d)  Modificar la Ley de Arbitraje para limitar el control judicial de la cláusula arbitral a las nulidades patentes, con una tasa específica para el caso de que se pretenda acudir a la jurisdicción ordinaria.

c) Defensa y protección de los derechos de consumidores y usuarios

  • Elaborar un nuevo Código de Consumo que incluya instrumentos adecuados para la protección de los y las consumidores de modo integral identificando sus derechos y los mecanismos para su protección efectiva.
  • Revisar, en el marco de la tutela al consumidor, el régimen jurídico de obligaciones y contratos.
  • Aprobar un régimen real de segunda oportunidad que mejore el régimen jurídico de la insolvencia de quienes adeuden.
  • Revisar la normativa de cláusulas, préstamos abusivos y malas prácticas bancarias. Eliminar las cláusulas suelo.
  • Fortalecer la formación de judicatura y magistratura en derecho de consumo.
  • Facilitar a las personas consumidoras el asesoramiento, consejo y sugerencia para solucionar el conflicto: mediación, conciliación, arbitraje de consumo o un juicio rápido.

En resumen, impulsar una administración de Justicia de calidad, organizada desde el prisma de la eficiencia y eficacia, con plena incorporación de las nuevas tecnologías, que garantice la tutela judicial efectiva, asegure la participación de la ciudadanía, proteja sus derechos y resuelva de forma rápida y eficiente sus litigios y controversias, ofreciendo seguridad jurídica.


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