Programa electoral de Cilus para Castilla y León

publicado a la‎(s)‎ 22 may. 2015 8:44 por Cilus Ciudadanos Libres Unidos   [ actualizado el 22 may. 2015 8:45 ]
 
 
Por una Castilla y León 
de los ciudadanos
 
 
 
PROGRAMA ELECTORAL
ELECCIONES AUTONÓMICAS CASTELLANO-LEONESAS 2015
 
 


ÍNDICE
 
PREAMBULO
CAPÍTULO I. LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y EL ESTADO
1. Ciudadanos contra la Corrupción
2. Más Democracia Ciudadana
3. Gestión de los Recursos Públicos
4. Juventud, Igualdad, Inmigración
5. Modelo de estado
6. Modelo de Sociedad


CAPÍTULO 2
IMPULSO A LA ECONOMÍA, COMBATIR EL DESEMPLEO, 
SUPERAR LA CRISIS
2.1 Una economía que sea garantía de prosperidad y empleo
2.2. Compromiso con la excelencia y el trabajo bien hecho
2.3. Un modelo productivo más eficiente, de mayor valor añadido, más alta productividad y más competitivo
2.4. Promoción de las empresas, las PYMES y los autónomos
2.5. Créditos para proyectos y empresas viables
2.6. Emprendedores
2.7. Relanzar el sector industrial.
2.8. Fomento del empleo
2.9. Por un comercio dinámico, un turismo de calidad y un consumidor exigente
2.10. Comercio
2.11. Turismo
2.12. Defensa de los consumidores y usuarios
2.13 Transporte e Infraestructuras:
2.14. Trenes de cercanías
2.15. Transporte público
2.16. Mejora de la oferta de autobuses
2.17. Red viaria
2.18. Aeropuertos
2.19. Movilidad
2.20. Logística
2.21. Evaluación de las infraestructuras y obras públicas
2.22. Una agricultura moderna, competitiva y respetuosa con el territorio
2.23. Suprimir la cría industrial de ganado y aves
2.24. Una red comercial internacional
2.25. Fomento del sistema de seguros agrarios
2.26. Impulso firme de la formación
2.27. Apoyo a las cooperativas agrarias
2.28. Principio de reciprocidad
2.29. Precio justo para el campo
2.30. Denominación de origen
2.31. Explotación responsable
2.32. Una energía más eficiente, un medio ambiente más controlado
2.33. Residuos
2.34. Disminuir la dependencia energética y mejorar la calidad del suministro eléctrico
2.35. Energías renovables y preservación del territorio
 
CAPÍTULO 3
POR UNA CASTILLA Y LEÓN DE LOS CIUDADANOS PARA LOS CIUDADANOS
3.1 Educación y cultura, bases para un futuro mejor
3.2. Acabar con el fracaso escolar.
3.3. Más inversión y más calidad
3.4. Libros de texto gratuitos
3.5. Armonización de contenidos en toda España
3.6. Educación infantil
3.7. Educación primaria y secundaria
3.8. Bachillerato nocturno y a distancia
3.9. Movilidad estudiantil y universitaria
3.10. Formación Profesional
3.11. Reordenación del mapa universitario
3.12. Centros de Adultos
3.13. Excelencia educativa
3.14. Política cultural y de equipamientos culturales
3.15. Escuelas artísticas
3.16. La Sanidad, una garantía para todos los ciudadanos
3.17. Atención Primaria
3.18. Listas de espera
3.19. Salud mental
3.20. Nuevas enfermedades
3.21. Historia clínica
3.22. Fomento de las tecnologías de la comunicación
3.23. Controles de calidad
3.24. Racionalización del gasto
3.25. Mejora de los ingresos
3.26. Sistema farmacéutico
3.27 Los Servicios Sociales, la verdadera política de unión y cohesión social.
3.28. Reforzamiento de la Red de protección social 
3.29. Apoyo a las familias y conciliación de la vida laboral 
3.30. Custodia compartida
3.31. Familias monoparentales
3.32. Atención a la discapacidad
3.33. Accesibilidad
3.34. Protección y asistencia a la infancia
3.35. Atención a la tercera edad y dependientes.
3.36. Violencia doméstica
3.37. Drogodependencias
3.38. Apoyo al tercer sector social
3.39. Regulación de la prostitución
3.40. Comprometidos con la calidad de vida: Vivienda y Urbanismo.
3.41. Banca y Ley Hipotecaria
3.42. Mercado de alquiler
3.43. Vivienda protegida
3.44. Rehabilitación
3.45. Disponibilidad de suelo
3.46. Participación ciudadana en el planeamiento
3.47. Ciudades para vivir
3.48. Infracciones urbanísticas
3.49. Una Justicia independiente y unos ciudadanos seguros
3.50. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo
3.51. Medios materiales para justicia
3.52. Trámites telemáticos
3.53. Sedes Judiciales
3.54. Integración y coordinación en el modelo nacional de seguridad privada
3.55. Tráfico
3.56. Protección civil
3.57. Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y de los Animales
 
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                                                PREÁMBULO
Castilla y León necesita alternativas políticas
 
La situación actual en Castilla y León clama por un cambio fundamental en gobierno y parlamento. La alternancia en el poder permite romper con las estructuras rígidas creadas y permite que personas con ideas nuevas entren a formar parte decisiva de las instituciones.
 
La deslocalización de la industria, la falta de ofertas de formación profesional y la mala planificación de las infraestructuras, con un reparto desigual entre las provincias castellano-leonesas,  han contribuido a una pérdida constante de empleo y la necesidad de que mucha gente joven haya tenido que buscar salidas profesionales fuera de Castilla y León.
 
Por eso hace falta que un partido como Ciudadanos Libres Unidos - Cilus aporte ideas nuevas y cambie la forma de hacer política, con un mayor control sobre el ejecutivo y un uso eficiente de los recursos.
 
En Ciudadanos Libres Unidos - Cilus entendemos la renovación política como fundamental para que cualquier país democrático pueda progresar. Para ello es necesario que este objetivo no se quede en mero lema conceptual. 

CAPÍTULO I
LA LIBERTAD INDIVIDUAL Y EL ESTADO
La crisis y la pérdida de valores a que nos han llevado los poderes económicos y políticos son el origen de la actual situación económica y la causa de una preocupante degeneración de los modelos democráticos.
Los actuales partidos políticos, en especial aquéllos que han tenido o tienen responsabilidades de gobierno, no sólo no son la solución, sino que son los responsables por acción u omisión. 
El verdadero cambio debe partir de la sociedad civil, de la ciudadanía, mediante una acción política organizada. La democracia no puede delegarse en personas al servicio de sus respectivas organizaciones políticas, unas organizaciones que han suplantado la democracia por una partitocracia en la que con frecuencia se anteponen los intereses de los partidos a los del conjunto de la ciudadanía. Su prioridad no es la defensa de los derechos e intereses de la ciudadanía, sino su permanencia a toda costa en el poder.
La política en la que todo vale para llegar a o permanecer en el poder es una política que no interesa en absoluto a la ciudadanía. La degradación de la democracia y la verticalización de los partidos, controlados por un reducido número de personas, ha causado el desprestigio y distanciamiento de unos ciudadanos que cada vez en mayor número pierden la confianza en los partidos políticos, que son unas organizaciones eficaces a la hora de acumular poder pero que han abandonado su función básica: representar a los ciudadanos.
Ante esa situación los ciudadanos no podemos caer en la apatía o limitarnos a protestar, debemos reivindicar y ejercer nuestro papel de sujetos políticos activos para cambiar un sistema político carente de ética que ha subordinado la soberanía popular a los poderes financieros, un sistema de democracia formal, pero no real, que menoscaba derechos básicos de la ciudadanía. Es nuestra responsabilidad defender las libertades básicas en democracia, como el derecho a la libertad de opinión e información, la separación de poderes, la igualdad de todos ante la ley, el derecho a la vivienda, al trabajo, la seguridad, la salud y la educación, y el derecho –gravemente limitado- a elegir y ser elegido como representante público de los ciudadanos, obligando a los gobernantes a hacer realidad estos derechos.

Éstos son los motivos básicos por los que personas que no quieren ser súbditos reivindican su condición de ciudadanos libres y han decidido unirse para defender sus derechos y la regeneración de la vida política en Castilla y León desde un progresismo liberal moderno que se fundamenta en las ideas de igualdad en derecho y oportunidades, libertad y solidaridad y sin etiquetado alguno, porque la solución de los grandes problemas no es una cuestión de derechas o de izquierdas, sino de la aplicación del sentido común a la acción política.

Los valores y el compromiso ético de Ciudadanos Libres Unidos (CILUS) se orientan hacia una política al servicio de las personas.

La legitimidad de los poderes públicos emana de la soberanía popular. Estos poderes son meros representantes de una ciudadanía a la que se deben. Toda acción política que no tenga presente el bien de los ciudadanos es un abuso de poder. La razón de ser de los partidos políticos es la de servir de cauce a los intereses de los ciudadanos, no el servirse de los ciudadanos para sus intereses particulares.

1. CIUDADANOS CONTRA LA CORRUPCIÓN  
La corrupción ligada al ejercicio de cargos públicos y a la financiación de los partidos políticos supone el problema más grave de desconfianza entre la ciudadanía y los partidos políticos y pese a que los casos que han aflorado a la luz pública afectan a determinados partidos políticos y con diferentes grados de intensidad, lo cierto es que la sombra de la sospecha y la desconfianza se ha extendido sobre toda la clase política en general; resultando necesario e ineludible un compromiso firme e inequívoco de todos los partidos políticos en la resolución de tan grave problema.

No aceptamos que se asuman como normales prácticas políticas irregulares que perjudican el desarrollo de una actividad política ejemplar.
No es aceptable que nadie asuma la responsabilidad de las decisiones políticas erróneas.
No es aceptable la manipulación de la opinión pública. 
No es aceptable considerar normal que un cargo público anteponga el provecho personal al comportamiento ético.
No aceptamos que se quiera someter al funcionariado al servicio del partido en el poder.

Ciudadanos Libres Unidos (CILUS) tiene entre sus objetivos la dignificación de la actividad política. La política no debe entenderse como una manera de asegurarse un sueldo, ni, por supuesto, como una oportunidad para lucrarse.
La actividad política debe tener la consideración de una actividad cívica al servicio de la comunidad y debe ser desarrollada de manera transparente, honrada y ejemplar.
Los sueldos de políticos y altos cargos deben fijarse mediante el uso de tablas de equiparación que impidan a los políticos la determinación tanto de sus sueldos como de sus subidas salariales. A su vez, deben establecerse topes salariales  por el desempeño de más de un cargo público.
Ciudadanos Libres Unidos (CILUS) se marca los siguientes objetivos:
a) Medidas anticorrupción implacables. Cualquier cargo público contra el que se presenten indicios fundados de corrupción deberá ser apartado de sus funciones. Al confirmarse los indicios como hechos, deberá ser inhabilitado de forma contundente y duradera para el ejercicio de cualquier cargo público o cualquier puesto de funcionario público.
b) En una democracia madura, el engaño político debe tener consecuencias. Por ello, debemos promover las modificaciones legislativas necesarias para que el incumplimiento de las promesas electorales tenga la consideración de fraude y pueda ser denunciado y, en su caso, sancionado. A su vez, debe legislarse para que cualquier condenado con sentencia firme por corrupción en el ejercicio de cargo público sea inhabilitado de por vida para ocupar un cargo público. .
c) CILUS impulsará y defenderá la tipificación de la financiación irregular de los partidos políticos como delito específico en el Código Penal, que comprenderá tanto la financiación con donativos no declarados como aquella que aporten gobiernos extranjeros para intentar desestabilizar el orden democrático en España.
d) Declaración pública de incremento de patrimonio.
e) Responsabilidad patrimonial subsidiaria. Los partidos políticos con responsabilidades de gobierno son los que deciden sobre el uso de los fondos públicos. Acceder al gobierno implica la administración responsable. Por ello, desde CILUS nos comprometemos a impulsar los cambios correspondientes en la legislación actual tendentes a declarar la responsabilidad patrimonial subsidiaria de los partidos políticos en aquellos casos de corrupción de cargos públicos que hayan resultado elegidos en sus listas o designados por cargos políticos del partido en cuestión; en cualquier caso, responderán con la pérdida de la subvención o asignación pública a la que tuviera derecho.
f) Mayor control de las cuentas de partidos e instituciones. Nos comprometemos a impulsar las acciones necesarias para dotar al Tribunal de Cuentas y a los demás órganos autonómicos encargados del control y fiscalización de cuentas de los medios necesarios para controlar de una forma más ágil las cuentas de partidos e instituciones de forma que puedan existir informes provisionales en un plazo inferior a dos años desde el cierre del ejercicio que se somete a control.
g) No a las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronales. CILUS se opone a la financiación de estas organizaciones con fondos públicos mediante sustanciosas y periódicas subvenciones. Partidos, sindicatos y patronales deben financiarse exclusivamente con las cuotas de sus afiliados y las donaciones de sus militantes y simpatizantes.
h) Regulación de las donaciones. CILUS defiende una limitación de las cantidades que se puedan donar a partidos por persona y año. Nuestro partido establece en sus estatutos una cantidad máxima anual de 6.000 euros, porque consideramos que es una cantidad razonable, pero insuficiente para comprar favores futuros.
i) Limitación del gasto electoral. Queremos reducir el gasto electoral mediante un control efectivo y un límite real del gasto en las campañas electorales. Como contrapartida, impulsaremos los cambios legislativos para garantizar un acceso equitativo y de iguales oportunidades para que todos los partidos que concurran a unas elecciones puedan acceder a los medios de comunicación, con lo que se evitaría, al mismo tiempo, la manipulación de la opinión pública y de los votantes.

2. MÁS DEMOCRACIA CIUDADANA
Una democracia más transparente, una democracia más participativa, una democracia sin corrupción.
a. Transparencia
Es necesario avanzar en la democracia aumentando la participación ciudadana, pues ésta no debe limitarse a un ejercicio que practicamos en las urnas cada cuatro años. La política debe contar con la ciudadanía para la toma de decisiones en temas importantes, lo que supondrá compartir la responsabilidad de las decisiones y el desarrollo de una sociedad más democrática y madura.
Un Estado democrático exige que el Poder sea transparente, no los ciudadanos, por eso resulta imprescindible que la Ley garantice el acceso de los ciudadanos al acceso a la información pública mediante un procedimiento breve y sencillo, y establecer un sistema de datos abiertos, que obligue a las Administraciones a publicar a través de Internet toda la información, antes incluso de que alguien la solicite, de forma que las empresas y profesionales puedan emplear toda la información que gestiona la administración para generar nuevos servicios.
CILUS quiere una verdadera administración digital sin barreras tecnológicas que dificulten la difusión de la información y que también haga posible que los servicios giren sobre los ciudadanos y no a la inversa, como sucede ahora, de forma que sean los servicios los que se acerquen a los hogares de los ciudadanos y a los despachos de los profesionales. Ello implica también una inversión adecuada en sistemas informáticos modernos que supongan la menor complicación funcional posible para los ciudadanos.
b. Derecho de acceso universal a Internet y neutralidad de redes
La Junta de Castilla y León deberá garantizar el acceso a Internet en cualquier punto de Castilla y León. Para ello, CILUS impulsará la creación de una red moderna de fibra óptica gestionada en cada ámbito respectivamente por los municipios y por la Junta de Castilla y León para garantizar la calidad de las conexiones, la ampliación de la oferta multimedia y el acceso de cualquier compañía de telecomunicaciones a dichas redes contra pago de los cánones correspondientes. La gestión pública de las redes y la ampliación de la oferta de los operadores supondría un gran avance en la calidad de vida y la neutralidad de la red.
c. Sociedad Digital
En la actual sociedad digital, CILUS reivindica la vigencia del derecho a la privacidad de las comunicaciones frente al Estado, tanto completas como las de sus fragmentos, y rechaza aquellos argumentos tendentes a rebajar las libertades individuales en aras de una mayor seguridad.
Por otra parte el dominio público cumple cada vez más un papel esencial en la participación cultural y la innovación, no en vano a lo largo de la historia ha sido la regla y, sigue siendo la cantera común de donde seguimos extrayendo los materiales para construir la civilización y por lo tanto debe seguir estando activo, pero no brinda protección a los creadores que renunciando a los derechos de explotación quieren mantener la integridad de su obra y su condición moral de autor o inventor, por eso es preciso reconocer que las licencias publicas tipo GNU, Copyleft, Creative Commons son susceptibles de protección judicial aunque no exista un perjuicio comercial directo para evitar que alguien se apropie de la invención de otro.
d. Limitación de mandatos
CILUS establece como uno de sus objetivos principales la limitación de mandatos a dos legislaturas por nivel institucional, tanto para los cargos públicos como para diputados y concejales. Con ello se garantizará la renovación en las instituciones mediante una mayor rotación y la aportación de ideas nuevas a la política. Además, será muy difícil la creación de redes de corrupción al cambiar con más frecuencia los responsables políticos.
e. Listas abiertas y circunscripciones electorales iguales
Debe fomentarse el desarrollo de un sistema de elección de candidatos mediante listas abiertas en el que cada político deba asumir los compromisos adquiridos con sus propios votantes, mediante un reparto por distritos electorales. El sistema actual condena a los ciudadanos a votar listas cerradas que se elaboran previamente en el seno de los partidos políticos, fomentando el servilismo interno y dejando en un segundo plano la lealtad hacia los programas políticos y los votantes. No se valora tanto el mérito personal o profesional de los candidatos como la lealtad de los mismos hacia el partido que los ha nombrado candidatos y, por consiguiente, a sus líderes de turno.
f. Reducción y regulación de sueldos de los cargos públicos
Propondremos la aprobación de una tabla de retribuciones para representantes públicos y miembros de órganos ejecutivos del Estado Central, las Comunidades Autónomas y la Administración Local, basada en los principios de austeridad y proporcionalidad con la responsabilidad del cargo. Las cuantías de las retribuciones deberán ajustarse también al número de ciudadanos representados por cada entidad para evitar así el abuso y la desproporcionalidad.
g. Propaganda institucional
Las administraciones públicas deberán informar públicamente sobre su gestión y sus gastos de forma periódica. Ello no puede suponer una manera de darse publicidad, sino debe responder únicamente al derecho del ciudadano de estar informado. 
h. Incompatibilidades
Promoveremos el endurecimiento de la legislación y su aplicación efectiva sobre la regulación de las incompatibilidades en las instituciones y la Administración, así como entre éstas y la sociedad civil, para evitar que los tránsitos entre la esfera pública y la privada supongan perjuicio alguno de los intereses generales. La acumulación de cargos representativos debe quedar suprimida.
i. Medios de comunicación públicos plurales
Profundizar la democracia exige medios de comunicación públicos plurales. CILUS se compromete a garantizar la pluralidad e independencia de los medios públicos de titularidad autonómica (Canal Sur, etc.) y a implantar una política de medios de comunicación basada en la objetividad informativa y la excelencia en la profesión periodística.
j. Medios de comunicación privados independientes
Respetaremos la independencia de los medios privados y nos comprometemos a erradicar cualquier tipo de condicionamiento directo o indirecto sobre su línea editorial.
 
3. GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
CILUS nace en medio de una crisis económica sin precedentes y no es ajeno a la misma. Esta crisis es consecuencia directa de la pérdida del valor ético en el comportamiento. La insaciable ambición del sector financiero ha contado con la dejadez, cuando no con la complicidad, de unos gobernantes irresponsables. Sin embargo, los grandes perjudicados somos los ciudadanos, que aun siendo en su mayoría ajenos a esos desmanes, hemos de soportar las consecuencias. Ha de fomentarse la cultura de la ética de comportamiento y promover reformas legislativas para incluir figuras penales que permitan condenar los abusos en el sector financiero. A su vez, deben revisarse y endurecerse los protocolos de control por parte de los poderes públicos. 
Es necesario un rigor escrupuloso a la hora de gestionar los recursos públicos y una priorización de los gastos e inversiones en función de las necesidades reales de los ciudadanos. Tiene que ponerse fin al vergonzoso e inmoral despilfarro de dinero público y deben fomentarse los presupuestos participativos. La solución no es una política generalizada de recortes. Hay alternativas con las que se dispondría de recursos suficientes para incrementar las partidas destinadas a gastos e inversiones que tengan un valor social añadido: educación, sanidad, seguridad, infraestructuras e investigación y desarrollo.
Los españoles disfrutamos de un sistema de Seguridad Social con unos profesionales y unos medios que garantizan la cobertura social ante distintas vicisitudes: desempleo, enfermedad, incapacidad, etc. CILUS defenderá las reformas dirigidas a mejorar la eficiencia y eficacia del sistema, siempre salvaguardando su carácter público y unitario en todo el territorio nacional, para garantizar la igualdad de trato y prestaciones de todos los ciudadanos en cualquier lugar de España, independientemente del lugar en el que residan o en el que se encuentren.
El mal uso que se ha hecho en Castilla y León y en otras partes de España de las subvenciones públicas deber ser erradicado.
CILUS promoverá la creación de un registro unificado y de acceso público donde cualquier ciudadano pueda consultar todas las subvenciones otorgadas o percibidas tanto por organismos e instituciones públicas como por partidos, empresas, sindicatos, asociaciones o particulares, así como los convenios de las administración autonómica y municipal con instituciones y empresas privadas.
 
4. JUVENTUD, IGUALDAD, INMIGRACIÓN
a. Ocio juvenil
Fomentaremos la conciliación de los intereses del vecindario y los jóvenes, habilitando y adecuando espacios al aire libre (en particular, potenciando los servicios de limpieza en estas zonas) para la reunión de los jóvenes, el ejercicio responsable de su derecho al ocio y el respeto al descanso de los vecinos. Se potenciará desde los poderes públicos una oferta de ocio plural, diversa y de calidad, que permita el aprovechamiento de espacios culturales y deportivos públicos. Ello implicará el fomento y la dotación con recursos adecuados de las asociaciones culturales, deportivas y cívicas.
b. La igualdad es una cuestión de sentido común, no de cuotas.
Promoveremos actuaciones políticas que corrijan la inercia social discriminatoria respecto a las mujeres y otros colectivos marginados, como los homosexuales y transexuales, y velaremos por el cumplimiento efectivo de las directrices europeas sobre igualdad.

No obstante, rechazamos las imposiciones políticas de artificiales sistemas de cuotas rígidas de representación femenina o de cualquier minoría, así como las estrategias de discriminación positiva. Defenderemos los principios constitucionales de igualdad de oportunidades, capacidad y mérito como verdaderos garantes para combatir las discriminaciones por razón de sexo, raza o cualquier otro factor.

c. Inmigración
I.               Realidad actual
a)     Una de las características de la globalización  es la facilidad con la que los ciudadanos se trasladan de un país a otro bien de forma  temporal -vacaciones-, bien de forma permanente -inmigración-. Este es un hecho imparable, que va en aumento y que en principio pudiendo ser muy positivo, se está convirtiendo en un grave problema debido a las proporciones que está adquiriendo,  a la situación en que llegan muchos inmigrantes, a la actuación de las mafias y a las vidas que se está cobrando.
b)     Aunque España y la Unión Europea tengan que mejorar en muchísimos campos, siguen siendo un polo de atracción para muchos ciudadanos no comunitarios, sobre todo subsaharianos.
c)     España e Italia son los países más próximos a África, que es la principal fuente de entrada y, por tanto, los que se enfrentan más directamente con esta situación.
d)      En el momento actual llegar indocumentado y sin trabajo a España no es bueno ni para el inmigrante, ni tampoco para nuestro país. En caso de que logren llegar y quedarse, están llevando una vida infrahumana.
e)     Sin una regulación a nivel de la Unión Europea de este problema, las mafias tienen vía libre para jugar con las vidas humanas.
f)      El inmigrante que salta la valla de Melilla o llega a las costas de Almería, no es por este hecho un malhechor o un delincuente. En muchos casos vienen huyendo del maltrato ….(profundizamos en este tema)  La aspiración a una vida más digna para sí y para sus hijos es un derecho fundamental que está por encima de todas las leyes y prohibiciones nacionales.
 
II.              CILUS PROPONE
a)     Que los gastos del mantenimiento de las fronteras de la UE, así como el cumplimiento de las leyes que desde allí se dictan vayan a cargo del presupuesto de la misma.
b)     Que las empresas españolas que necesiten trabajadores extranjeros,  los puedan solicitar y obtener con rapidez a través de los organismos estatales de ambos países, para que lleguen en condiciones dignas.
c)     Que los inmigrantes que lleguen con contratos temporales, tengan solucionado de antemano el vuelo de vuelta. (Tratamos este tema más a fondo)
d)     Que las condiciones laborales de los inmigrantes sean las mismas que las de los españoles.
e)     Que los que lleven ya cierto tiempo en España y tengan la posibilidad de un trabajo permanente, no  se vean obligados a volver a su país para solucionar la situación. (Pedro Sánchez se entera de cómo están los contratos con los emigrantes)

 
5. MODELO DE ESTADO
Principios reguladores del modelo de Estado según CILUS
 
1) La democracia se basa en el principio de la igualdad de todas las personas. No podemos admitir, por tanto, ningún tipo de discriminación y de privilegio, porque va en contra de los fundamentos de la democracia.
2) El ciudadano debe ser el centro de todo organismo político, ya sea estatal, regional o municipal. Es la política la que debe estar al servicio del ciudadano y no al revés.
3) Los organismos políticos/públicos de cualquier nivel deben regirse por el principio de austeridad y eficiencia. Ellos son administradores de un dinero que es de los ciudadanos y deben evitar cualquier gasto superfluo. Como el dinero nunca es suficiente, hay que establecer prioridades en cuanto al gasto: Para CILUS las prioridades son: educación, sanidad, Justicia, problemas sociales, investigación y creación de empleo.
4) La reestructuración de la vida pública debe tender, por tanto, a evitar organismos innecesarios o duplicados.
5) Con los medios telemáticos actuales se pueden concentrar muchos servicios al ciudadano, sin que la atención personal se vea perjudicada.
6) Los organismos del Estado no son empresas o creadores de empleo, pero sí deben establecer las condiciones necesarias para la creación de empleo y evitar cualquier traba burocrática.

7) Las democracias más avanzadas suelen conjugar la descentralización con la armonización. Esto es lo que teóricamente debería darse a nivel del Estado, de las autonomías y de las provincias. La descentralización garantiza la diversidad de las diferentes regiones, y la armonización garantiza las igualdad de todos, es decir impide que esas características de las regiones se conviertan en trabas o barreras para los ciudadanos.

8) Un principio fundamental de las autonomías o del estado federal es la fidelidad autonómica, o la fidelidad federal en el estado federal, es decir la colaboración entre los diversos niveles del estado: municipal, autonómico y nacional. Si no se da este principio fundamental, de nada sirve el estado de las autonomías.

9) Dentro de las regiones también existen otras minorías. No se puede exigir al Gobierno central que respete a las minorías regionales, si luego los gobiernos regionales no respetan a sus propias minorías, y mucho menos cuando esto se hace basándose en principios de identidad nacional. Si no hay respeto a las minorías, no hay democracia.

10) Las autonomías no deben suponer unas trabas o unas fronteras a la libre circulación y al libre establecimiento de los ciudadanos españoles, ni de los ciudadanos de la Unión
 
A) Defenderemos y fomentaremos:
De acuerdo con los principios expuestos:

1) Prestaremos la máxima atención a una enseñanza de calidad y a una sanidad pública que ofrezca los mismos servicios y en las mismas condiciones en todo el ámbito nacional.
2) Fomentaremos en la medida de lo posible la instalación de organismos del estado en diferentes ciudades de España, para que no se concentre todo en Madrid.
3) Abogaremos por un único defensor del pueblo español.
4) Defenderemos la modificación de la Ley electoral para una mejor ponderación del voto, pero también. y sobre todo, para reducir considerablemente las gastos en las campañas electorales y para suprimir las ayudas a los aparatos de los partidos. Reduciremos considerablemente el número de diputados en los parlamentos autonómicos, sin menoscabo de su representatividad Implantaremos las listas abiertas.
5) Fomentaremos la solidaridad entre todas las regiones de España., lo mismo la solidaridad entre todos los Estados de la Unión Europea.
6) Defenderemos un funcionariado de carrera, independiente y de gran calidad profesional a todos los niveles, sin posibilidad de pasar directamente del funcionariado a la vida política, y al contrario, a no ser que hayan transcurrido al menos 4 años.
7) Defenderemos la independencia de los medios de comunicación públicos, que deben estar al servicio del ciudadano y fomentar los valores democráticos. el conocimiento, la cultura y la pluralidad política.
8) Exigiremos la colaboración entre los diversos niveles de la administración como principio incondicional. 

9) Defenderemos una clara y absoluta separación de poderes. (ejecutivo, legislativo u judicial)
 
B) Suprimiremos o modificaremos:
a) A nivel estatal

1) Según los principios expuestos, defenderemos la supresión de todo tipo de privilegios, incluidos los fiscales, ya se basen en el lugar de residencia, en la lengua, en la religión, en el sexo o en otros conceptos. Por esto mismo, suprimiremos cualquier privilegio por ostentar cualquier cargo público, así como. las pensiones extraordinarias, indemnizaciones por abandono del cargo, premios con cargos directivos en empresas privatizadas y otros.
2) Suprimiremos todos los cargos de expertos y asesores de libre designación. nombrados a dedo, Estos serán sustituidos por funcionarios altamente cualificados.
3) Suprimiremos todas las empresas públicas, tanto a nivel nacional como autonómico y municipal, que resulten innecesarias, a no ser que las respectivas cámaras legislativas aprueben su necesidad por mayoría de dos tercios. (Esta propuesta no se refiere a empresas públicas esenciales para los servicios que se tienen que prestar a los ciudadanos, como son las empresas municipales de transporte, las empresas gestoras del suministro y la depuración de aguas, o las empresas públicas que gestionan servicios estratégicos e infraestructuras, como son los aeropuertos, los ferrocarriles y los puertos.)
4) Suprimiremos la cámara alta.
5) Suprimiremos todas las subvenciones por parte del Estado a los partidos políticos, a los sindicatos y a la patronal. Creemos que estas tres instituciones, en cuanto servidores de la sociedad, deben empezar dando ejemplo y mantenerse única y exclusivamente con las cuotas de sus afiliados y simpatizantes. Tampoco recibirán subvenciones del Estado las funciones y asociaciones relacionadas con los partidos políticos.
6) Suprimiremos el Consejo de Estado y sus equivalentes en las comunidades autónomas.

B) A nivel autonómico

1. Fomentaremos por razones económicas y culturales la concentración de las comunidades autónomas.
2. Reduciremos en un 50% el número de parlamentarios autonómicos.
3. Defenderemos la recuperación por parte del Estado de las competencias en Sanidad y Educación y Justicia y así fomentar la igualdad de todos los ciudadanos de España.
4. Las CCAA deberán legislar únicamente sobre los temas estrictamente regionales.


C) A nivel provincial

LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES
De mantenerse el actual sistema autonómico, defendemos la supresión de las Diputaciones Provinciales y de otros entes intermedios.
Las Diputaciones Provinciales sólo tendrán sentido en caso de reducir drásticamente el número de autonomías. CILUS elaborará una propuesta detallada para la reforma del estado de las autonomías.

LOS MUNICIPIOS

1) Fomentaremos la eficacia de los municipios mediante una transferencia de competencias administrativas que actualmente son ejercidas por las comunidades autónomas y el estado, siguiendo el modelo existente en otros estados miembros de la UE (por ejemplo la emisión de DNIs y pasaportes y otras gestiones administrativas).
2) Fomentaremos la fusión de municipios de menos de cinco mil habitantes, donde sea viable y así lo decidan los ciudadanos en referéndum municipal.
3) Fomentaremos la mancomunidad entre ayuntamientos próximos de los servicios más costosos: Servicios Sociales, Obras, Transportes, Urbanismo y Ordenación, Medio ambiente.
4) Fomentaremos la autonomía económica de los municipios.
5) Fomentaremos también las descentralización a nivel provincial sobre todo en aquellas provincias donde existen núcleos urbanos más populosos que las mismas capitales de provincia, de forma que prime la mejora del servicio al ciudadano, dentro también de una economía de costos.
7) Resaltaremos la importancia que tiene la población rural para la conservación del medio ambiente y para el cuidado de la naturaleza y fomentaremos unos medios de comunicación que posibiliten la supervivencia de los pueblos.




 
6. MODELO DE SOCIEDAD
 
1.- El Estado del Bienestar es uno de los grandes logros de la mayoría de sociedades occidentales. Síntoma del progreso social en España, debe defenderse y asegurarse su viabilidad futura.
 No podemos admitir impasibles que un ciudadano se vea privado de derechos básicos amparados por la Constitución, como el derecho al trabajo y a una vivienda digna, o del derecho a la sanidad y a la educación gratuitas, mientras se despilfarran millones en gastos inútiles o en subvencionar una administración paralela a través de empresas al servicio de los partidos.
La actual crisis no puede ser utilizada para reducir los logros sociales conseguidos.

2.- La Globalización descontrolada está poniendo también en peligro el modelo social europeo.
Por eso, debe estar sometida a unas normas internacionales que eviten los flujos monetarios puramente especulativos por parte de la banca  y el desmantelamiento de la industria en los países medianamente desarrollados por parte de las grandes empresas multinacionales.
La globalización debe aspirar a una integración social global y al compromiso con la justicia social.

3.- CILUS reconoce la importancia de la diversidad cultural dentro de España y la valora como parte importante de su riqueza patrimonial. Defendemos la idea de España como una nación de ciudadanos iguales en derechos, deberes y libertades. Una nación integrada por Comunidades dotadas de autonomía en el marco de la Constitución. No obstante, nos oponemos a la creación en el territorio español de barreras internas, sea cual sea su naturaleza, que dificulten o limiten la movilidad geográfica o laboral, atentando contra el principio de igualdad efectiva de oportunidades de todos los españoles.
En especial, rechazamos el uso de las lenguas como elemento discriminatorio. Una sociedad igualitaria, libre e integradora no puede aceptar imposiciones lingüísticas, ni marginaciones o sanciones por la utilización de la lengua común de todos los españoles.

4.- CILUS estará de acuerdo en apoyar aquellas reformas de la Constitución que estén enfocadas a mejorar de manera objetiva el sistema de derechos y libertades de los ciudadanos, siempre que se mantenga el carácter unitario de la soberanía nacional y de la solidaridad entre todos los ciudadanos 
Los sujetos de derecho siempre serán los ciudadanos, no los territorios. La soberanía reside en el conjunto del pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado.
En consonancia con ello, el carácter unitario de la soberanía nacional es una garantía de solidaridad entre los todos los españoles, asegurando la igualdad y el mantenimiento de servicios y derechos públicos y sociales de todos los ciudadanos independientemente de la Comunidad Autónoma en la que puedan encontrarse.
CILUS considera que la actual estructura del estado está basada en criterios de eficiencia de prestación de los servicios públicos, no en razones históricas o románticas, y por lo tanto sujeta a revisión y consideración.

5.- CILUS defiende la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”, y su vigencia para cualquier persona, independientemente de su sexo, residencia, raza, cultura de la sociedad en la que resida, o de cualquier otra circunstancia.

6.- Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias de libertad para el pleno desarrollo de las personas. Para ello, debe erradicarse cualquier medio de coacción basado en la violencia, ya sea física o psicológica. Los poderes públicos deben acatar y defender el orden legal.

7.- El progreso, tanto social como económico, de una sociedad está directamente relacionado con su nivel formativo. La educación debe ser considerada un sector prioritario por su valor estratégico, porque de ella depende la capacidad para afrontar los retos futuros. Debemos defender y fomentar la cultura del mérito y el esfuerzo personal para asegurar un sistema educativo público de calidad que garantice la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, además de permitir la libre elección de centro educativo para las familias. La igualdad efectiva de oportunidades requiere que el Estado recupere la competencia de determinación, o en su caso supervisión, de los contenidos educativos.

8- Frente a las amenazas de reaccionarios movimientos nacionalistas, CILUS contrapone el ideal de una nación de hombres libres y se compromete a la defensa y el fortalecimiento de la España de las libertades, es decir, la España de los ciudadanos libres.

9- Ciudadanos Libres Unidos - CILUS- nace con la voluntad de integrar a todos los ciudadanos que compartan los principios y valores de su Ideario. Y con el compromiso de aportar una nueva forma de hacer política que, fundamentada en la participación ciudadana, persigue el bienestar social e individual de los ciudadanos como objetivo prioritario de su actividad, condenando todas las formas de corrupción y de fraude y aquellas actuaciones que desde el poder busquen el beneficio de la clase política y sus allegados.

10. Queremos unos ciudadanos altamente formados y libres en una sociedad sin privilegios y con las mismas oportunidades para todos, cualquiera que sea el origen social, económico o  regional. Unos ciudadanos solidarios con los demás españoles y solidarios con los ciudadanos del mundo.

CAPÍTULO 2
IMPULSO A LA ECONOMÍA, COMBATIR EL DESEMPLEO, SUPERAR LA CRISIS
En un contexto de crisis financiera y económica, la economía castellano-leonesa y la del resto de España se encuentra en un momento difícil y en una situación de gran debilidad.
La estabilidad laboral no es un privilegio, sino un objetivo del Estado del Bienestar.
Acabar con la crisis exige que, además del apoyo a la estabilidad del sistema financiero, el aumento de la demanda y el mantenimiento del crédito, se produzca una reconversión productiva que favorezca la producción de bienes y servicios de más alto valor añadido, mejore la productividad y corrija el déficit comercial. Para salir de la crisis hay que rediseñar el sistema productivo de España y orientarlo hacia un modelo de mayor valor añadido y alta productividad. Supondrá el abandono del modelo económico del crecimiento y su sustitución por una economía del conocimiento, por un modelo económico que tenga como objetivo la eficiencia y la sostenibilidad y en el que se fomenten las actividades relacionadas con el aprovechamiento y la optimización y se dé prioridad a las ideas de reutilización y de utilidad. En definitiva, un modelo basado en la responsabilidad social que tenga como objetivo el bienestar.
 
Debemos afrontar los retos que plantea la globalización apostando por la modernización y la dotación de medios suficientes.
 
CILUS considera que un cambio de modelo energético es clave para el cambio de modelo productivo que necesitamos. La mejora de la productividad de nuestra economía y la competitividad de nuestras empresas exige un modelo energético más eficiente, menos dependiente del exterior y más barato.
 
2.1 Una economía que sea garantía de prosperidad y empleo
 
Reducir el desempleo y aumentar la productividad debe ser el objetivo fundamental del gobierno, los partidos políticos y agentes sociales. Los incrementos de productividad no pueden estar ligados solo a la rebaja de los costes laborales. Debemos competir aumentando la inversión en bienes de capital y en nuevas tecnologías, en formación continuada de los trabajadores y en educación como estrategia fundamental para el aumento de nuestra productividad y competitividad.
 
Castilla y León y el resto de España tienen que hacer un gran esfuerzo dedicando recursos públicos y privados a la educación. El fomento de la inversión desde el sector público y privado debe enfocarse en la investigación, la innovación y las tecnologías de la información y el conocimiento, así como en una mayor colaboración entre la universidad, la empresa y las administraciones.
 
2.2. Compromiso con la excelencia y el trabajo bien hecho
Para CILUS disminuir el desempleo y mejorar la calidad de vida de los castellano-leonesas exige una Administración y una sociedad comprometidas con la calidad y la excelencia que fomenten la creación e instalación de empresas en Castilla y León.
 
2.3. Un modelo productivo más eficiente, de mayor valor añadido, más alta productividad y más competitivo
Destinaremos más recursos públicos y estímulos fiscales para favorecer la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Por su importancia en el aumento de la productividad es necesario aumentar, por un lado, los recursos públicos y los estímulos fiscales que favorezcan la inversión privada; por otro, incrementar la investigación, el desarrollo y la innovación.
 
Apoyaremos la creación de nuevos parques tecnológicos y la consolidación de los ya existentes. Para ello implicaremos a los diferentes agentes productivos, institucionales y científicos, creando en su seno semilleros de empresas y estructuras de apoyo logístico y asesoramiento.
 
Favoreceremos la colaboración entre universidades y empresas y, con ello, se logrará la trasferencia de conocimiento necesaria para que aumente la competitividad de nuestras empresas.

Fomentaremos una política energética que disminuya nuestra dependencia del exterior y disminuya los costes de producción, actualmente un 27% más altos que la media europea, lo que merma claramente nuestra competitividad.
 
Estableceremos una política industrial que priorice el ahorro y la eficiencia energética y que mejore los costes de los principales suministros para la industria como son la electricidad, el gas y el agua.
 
Fomentaremos el aumento de la capacidad y velocidad de las conexiones de banda ancha y la generalización de Internet móvil para fomentar el teletrabajo, la Administración telemática (e-administración) y el comercio electrónico.
 
CILUS apoyará un pacto nacional sobre competitividad, productividad y empleo. Para salir de la situación actual de crisis, poder invertir la tendencia actual y situar a la economía castellano-leonesa y española entre las más prosperas es necesario la voluntad de toda la sociedad; debe plasmarse en un acuerdo sobre los aspectos en que descansa una economía moderna: competitividad, productividad y creación de empleo.
 
En el ámbito agrícola, abordaremos el cambio de modelo agrícola castellano-leonés, incorporando valor a los productos agrarios desde el origen, la mejor coordinación de explotaciones, el desarrollo de empresas con capacidad de competir en los mercados internacionales y en la negociación con las cadenas de distribución.

Fomentaremos la modernización de explotaciones pequeñas para mejorar su rentabilidad, sus canales de distribución y las capacidades de procesamiento de productos.
 
En ese sentido, comprometeremos la Administración en la aportación de capital público inicial para la capitalización inicial y el desarrollo de volumen empresarial y cooperativo en el sector.
 
2.4. Promoción de las empresas, las PYMES y los autónomos
El 99,9% del entramado empresarial español está constituido por pequeñas y medianas empresas (Pymes). La crisis se ha llevado por delante muchos miles de empresas castellano-leonesas en los últimos años. La promoción de autónomos y pequeñas empresas está estrechamente ligada a la creación de empleo y resultan trascendentales para la actividad económica, la generación de riqueza y empleo.
 
CILUS promoverá -haciendo efectiva la ventanilla única- la simplificación de trámites, la eliminación de trabas y barreras administrativas y los gastos burocráticos para el inicio de actividades económicas.
 
CILUS impulsará desde la administración pública la dinamización económica mediante el establecimiento de fondos de inversión para financiar nuevas empresas innovadoras y viables.
 
Apoyaremos decididamente a las empresas exportadoras. El gran déficit comercial español exige un mayor esfuerzo en el apoyo logístico y financiero a las empresas exportadoras con el objeto de favorecer su desarrollo y expansión en un mundo económico abierto y global.
 
2.5. Créditos para proyectos y empresas viables
Unidad de captación de capitales globales. La escasez de fondos y las dificultades que hoy existen para la financiación de autónomos y pequeñas y medianas empresas exige un gran esfuerzo imaginativo para atraer capitales de cualquier lugar del mundo. Es necesario que desde la Administración se creen o se estimule la creación de unidades de captación de capitales globales como Bussines Angels, capital riesgo o Koeretzu.

Igualmente debe haber financiación pública mediante líneas directas de crédito del ICO, pero con un control riguroso del destino de los fondos y de la eficiencia del gasto público, de tal manera que si se destinan a la creación de empleo deben orientarse fundamentalmente a sectores ligados al cambio de modelo productivo. Si el destino es el crédito a empresas, PYMES y autónomos consideramos que ha de ser fluido pero debe ser también muy riguroso y destinarse a empresas capitalizadas, viables y competitivas que se encuentran con problemas coyunturales para financiar el circulante. La rigurosidad debe abarcar a las entidades financieras que tendrán que seguir reestructurándose, especialmente las cajas de ahorros, para su propia viabilidad y sin que el dinero público sirva para salvar del concurso o la quiebra a entidades financieras mal gestionadas.
 
2.6. Emprendedores
Adoptaremos medidas para mejorar el apoyo a las empresas Innovadoras de base tecnológica, tales como:
Promoveremos un tratamiento fiscal/laboral especial para empresas de base innovadora durante los dos primero años rebajando o eliminando en lo posible el impuesto de sociedades o las altas en la seguridad social.
Posibilitaremos el uso del cheque único para la creación de sociedades limitadas (no sólo laborales) sujeto a la permanencia como empleados de los solicitantes en las sociedades.
Reclamaremos el compromiso de la Administración para pagar a sus proveedores microempresas en un plazo inferior a los 30 días.
Potenciaremos el Programa europeo de intercambio entre empresarios y emprendedores incluyendo programa de becas para jóvenes emprendedores universitarios.
 

2.7. Relanzar el sector industrial
Si bien en los últimos años ha sido la construcción el motor de la economía castellano-leonesa, la industria y los servicios vinculados a la misma resultan un sector fundamental para la creación de empleo especializado, la innovación tecnológica y la internacionalización. Es necesario que la industria mejore la productividad y vuelva a ser un sector competitivo. Por ello es necesario una política industrial que:
 
- Fomente la implantación y desarrollo de clústeres especializados en actividades industriales tradicionales y tecnológicas de alto valor añadido, como herramienta que permite generar un tejido industrial sólido y competitivo vinculado al territorio, de alta productividad y preparado para competir en el mercado internacional.
 
- Impulse la internacionalización de nuestra economía mediante estrategias coordinadas del sector público en cooperación con los agentes económicos y sociales estableciendo plataformas logísticas por todo el mundo para facilitar el acceso de las PYMES a los grandes mercados mundiales.
 
- Fomente la política de I+D+i destinada a la mejora de la capacidad de competir de las empresas con productos de alto valor añadido que busquen nichos de especialización en los mercados.
 
- Desarrolle la creación de instalaciones y centros al servicio de la industria como pueden ser centros de desarrollo y transferencia tecnológica, laboratorios de homologación y certificación, centros de ensayo, etc.
 
- Impulse la creación de infraestructuras de transportes y comunicaciones que faciliten un traslado más económico y competitivo de las mercancías.
 
- Apoye sectores clave como el del automóvil, el químico (especialmente el farmacéutico), el biotecnológico, el de la salud, el de las telecomunicaciones y el del transporte.
 
- Luche contra las deslocalizaciones elaborando un plan que afronte tal fenómeno. Deben implicarse las diferentes Administraciones Públicas y los agentes sociales para examinar las causas y establecer estrategias a largo plazo que lleven a mejorar la competitividad empresarial y la formación de los trabajadores. Se mitigarán así los efectos de los traslados industriales sobre el empleo y se activará la transición hacia una economía basada en el conocimiento.
 



2.8. Fomento del empleo
Impulsaremos programas que combinen estrategias políticas educativas y laborales que reduzcan el número de jóvenes parados y sin formación.
 
Propondremos que los servicios públicos de empleo estén coordinados en todo el territorio nacional para que cumplan más eficazmente su función de intermediarios laborales entre oferentes y demandantes de empleo y ofrezcan servicios eficientes de orientación y una formación que responda a las demandas del mercado laboral.
 
Incrementaremos la política activa de empleo y los mecanismos de protección social dado el más que previsible aumento del desempleo; vincularemos tales actuaciones políticas a las prestaciones con el objetivo de conseguir un proceso de reinserción en el mercado laboral más eficiente y rápido.
 
Defenderemos la reducción de las cotizaciones a la Seguridad Social de las empresas que contraten indefinidamente a nuevos empleados y no hayan despedido a ningún trabajador en los tres meses anteriores a la nueva contratación.
 
Incentivaremos fiscalmente las nuevas contrataciones empresariales mediante el establecimiento de deducciones en el Impuesto de Sociedades.
Propondremos el aumento de las cotizaciones empresariales al desempleo que se pagan por los contratos temporales y se reduzcan las de los indefinidos.
 
Mejoraremos los mecanismos de reducción horaria y salarial, compensado con prestaciones por desempleo, para evitar el despido.
 
Fondos para la formación de los trabajadores. Estableceremos la creación de un fondo para formación con cotizaciones que se destinaría a la formación del trabajador que pierde su empleo. Igualmente es necesario que, mediante la aportación de fondos públicos y de fondos derivados de la responsabilidad social de las empresas, se fomente la formación de los trabajadores.
2.1
Altas de autónomos. Implantaremos bonificaciones en las cotizaciones sociales durante un plazo de tres años de los trabajadores que se incorporen al Régimen de Autónomos y que tengan menos de 40 años.
 
Capitalización de la prestación por desempleo. Que se capitalice el 100% de la prestación de los trabajadores en situación de desempleo en un pago único para aquellos que pretendan trabajar e instalarse por cuenta propia.
 
2.9. Por un comercio dinámico, un turismo de calidad y un consumidor exigente

El comercio es un sector económico en el que predominan los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. El sector está sufriendo muy especialmente la crisis por la contención y disminución del consumo, fundamental para el dinamismo del comercio y de la economía. La globalización de la economía pone a nuestro alcance más variedad de productos, pero es imprescindible que asociaciones de consumidores y la Administración garanticen la calidad y seguridad de los productos y velen por la salud de los consumidores.
Por su parte, el turismo supone en la comunidad de Castilla y León una aportación importante al PIB, y constituye un sector extensivo en mano de obra, por lo que de manera directa o indirecta su contribución al empleo de la comunidad de Castilla y León es considerable. Estas empresas se ven directamente afectadas por la crisis de financiación y la crisis de consumo. La intensificación de la competencia turística mundial, la aparición de nuevos destinos y el cambio de hábitos de consumo turístico, suponen dificultades y retos para el sector.
En CILUS pensamos que estos sectores, ante la situación de grandes dificultades que atraviesan, merecen una especial atención y apoyo de la administración. Por eso proponemos:
 
2.10. Comercio
Apoyaremos la creación de centrales de compra como mecanismo de cooperación empresarial.
Continuaremos apoyando los mercados municipales como modelo de centro comercial especializado en productos frescos y de proximidad.
Potenciaremos la competitividad de las empresas comerciales con estrategias formativas, contractuales y laborales adecuadas al sector, así como la plena adopción de las TIC (Tecnologías de la información y Comunicación) para favorecer la viabilidad de las pequeñas empresas.
Impulsaremos el comercio a través de Internet como oportunidad de negocio abierto al mundo.
 
2.11. Turismo
Fomentaremos que la administración turística esté presente en los organismos de gestión de las infraestructuras logísticas (aeropuertos, etc.), que son determinantes para la llegada de visitantes a Castilla y León.
Plan de reconversión turística. Apoyaremos la transición desde el actual modelo de turismo de masa hacia un modelo de turismo de calidad, cultural y de ocio basado cada vez más en la excelencia y la calidad tanto de los servicios ofrecidos como las infraestructuras turísticas sostenibles que no perjudiquen el medio ambiente y el paisaje natural.
Impulsaremos una marca castellano-leonesa propia de alojamientos de turismo rural de calidad que permita la comercialización y promoción integrada promovida por la Administración Pública.
 
2.12. Defensa de los consumidores y usuarios
Apoyaremos las asociaciones de consumidores como entidades de defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
Defenderemos la despolitización de estas entidades así como reivindicaremos que aquellos organismos creados, entre otras cosas, para la defensa de los derechos de los consumidores frente a grandes, o muy especializadas corporaciones, ejerzan inequívocamente esa función. De igual forma, pondremos el mismo empeño en reclamar la misma adecuación a sus fines de los organismos similares del Estado en aquellos temas en que sean competentes.
Potenciaremos el teléfono de atención al consumidor de la Comunidad de Castilla y León para facilitar las reclamaciones de los consumidores y usuarios y facilitaremos soporte y formación a las OMIC municipales.
Fomentaremos y mejoraremos las inspecciones en materia de consumo para garantizar que los productos y servicios a disposición de los consumidores cumplan los requisitos legalmente establecidos.
Estableceremos un sistema de responsabilidad objetiva y de indemnizaciones que compensen económicamente los perjuicios producidos, especialmente en casos de falta de suministros de servicios básicos (agua, gas, luz, teléfono, etc.).
Aumentaremos la transparencia en el sector financiero. Por el bien de los consumidores promoveremos la eliminación de la “letra pequeña” en los contratos con el sistema bancario y asegurador.
Nuestras actuaciones políticas relacionadas con el consumo tendrán sobre todo en cuenta las necesidades de los colectivos de consumidores con necesidades específicas (alimenticias en los celiacos, de seguridad en los niños, etc.)
Ampliaremos la implantación de las Oficinas Municipales y Comarcales de Información a los Consumidores para hacer más cercana y sencilla la relación con la Administración.
Fomentaremos la mediación y el arbitraje como sistema para resolver conflictos, favoreciendo la incorporación de las organizaciones de consumidores en la resolución de conflictos y difundiendo el conocimiento del sistema arbitral de consumo entre la población y los agentes económicos.
Fomentaremos el consumo responsable en base a criterios de sostenibilidad cultural, medioambiental y socioeconómica
 
2.13 Transporte e Infraestructuras:
Tender puentes, abrir caminos para el futuro
Las infraestructuras tienen para CILUS una especial relevancia, pues son unos de los pilares donde descansa la vertebración, el equilibrio territorial, el dinamismo y la competitividad de las actividades económicas. Unas buenas infraestructuras aproximan la igualdad de rentas y de oportunidades entre ciudadanos independientemente de su lugar de residencia y contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las personas.
Por ello, CILUS se compromete a resolver las deficiencias actuales y a mejorar las infraestructuras de acuerdo con las necesidades presentes y futuras, apostando decididamente por el transporte público y la racionalización del transporte privado.
 2.3
2.14. Trenes de cercanías y de alta velocidad
Aumentaremos sustancialmente los recursos para mejora, modernización, ampliación y mantenimiento de los trenes de cercanías y favorecer así la movilidad de centenares de miles de ciudadanos. Propondremos la llegada del tren de cercanías a poblaciones  que no cuentan con este servicio, o en caso de imposibilidad, ampliaremos la frecuencia de los autobuses.

Las capitales de provincia deben contar con conexiones de alta velocidad para mejorar su competitividad y la movilidad de sus ciudadanos. La modernización de la red de ferrocarriles con el ancho de vía europeo es fundamental para insertar a toda la región en el mapa europeo de líneas ferroviarias.
 
2.15. Transporte público
Mejoraremos el transporte público con más oferta, mayor velocidad, más frecuencia y un mejor servicio con nuevos trenes, horarios nocturnos, cobertura telefónica, mejor información, etc.
 
2.16. Mejora de la oferta de autobuses
Como complemento al transporte de pasajeros por ferrocarril y para aquellos trayectos donde el número de usuarios no justifica las elevadas inversiones que representa el ferrocarril, mejoraremos la oferta de autobuses que unan las poblaciones de la Comunidad de Castilla y León
 
2.17. Red viaria
Nos comprometemos a invertir el monto recaudado con sanciones de tráfico en la mejora de pavimentos, señalización, pintura antideslizante y guardarraíles de doble bionda que absorban el impacto de los motoristas e impidan su rebote hacia el centro de la calzada. Eliminaremos la totalidad de los guardarraíles asesinos (quitamiedos).
 
Impulsaremos el establecimiento a la entrada de los principales núcleos urbanos de Castilla y León del establecimiento de parkings disuasorios subvencionados, parkings de precio módico para todo el día desde donde acceder al centro de las ciudades mediante transporte público sea cómodo y económico. e parkings vigilados en puntos
 
2.18. Aeropuertos
Defenderemos la titularidad pública estatal sin perjuicio de de la participación de otras administraciones y la iniciativa privada en su gestión.
 
Nos comprometemos a velar por el mantenimiento y la mejora de los servicios de transporte público (trenes y autobuses) en los aeropuertos castellano-leoneses, de forma que estos permanezcan comunicados, mediante un transporte público suficiente y de calidad, con las poblaciones de referencia durante todo el horario de apertura del aeropuerto.
 
2.19. Movilidad
Facilitaremos la movilidad en bicicleta en todos los núcleos urbanos, garantizando una mayor seguridad del ciclista y un total respeto de las normas de circulación por parte del mismo.
 
2.20. Logística
Daremos un decidido impulso al desarrollo de la logística como industria tecnológica y de valor añadido.
Impulsaremos que los aeropuertos, estaciones AVE o puertos sean polos de desarrollo económico y territorial.
 
2.21. Evaluación de las infraestructuras y obras públicas
Estableceremos un sistema de evaluación previa y continuada de las infraestructuras y obras públicas con parámetros de rentabilidad social, seguridad y mantenimiento.

2.22. Una agricultura moderna, competitiva y respetuosa con el territorio
Para CILUS es imprescindible establecer y consolidar una agricultura actualizada, competitiva y respetuosa con el territorio, que aporte valor a añadido a los productos mediante una producción de calidad y una excelente transformación; una agricultura que también disminuya su dependencia hídrica
 
2.23. Suprimir la cría industrial de ganado y aves que no respete las condiciones adecuadas a las necesidades de las especies
Es importante la adecuación de la ganadería a criterios de sostenibilidad obligar a una crianza de animales en condiciones compatibles con sus especies y que garanticen la calidad de los productos y la salud de los consumidores.
 
2.24. Una red comercial internacional
Impulsaremos una estructura comercial que posibilite el acceso de nuestra industria agrícola a los mercados mundiales.
 
2.25. Fomento del sistema de seguros agrarios
Fomentaremos el sistema de seguros agrarios como medio para garantizar rentas de explotación, dotándolo de un presupuesto suficiente para que su coste sea asumible y adaptando sus coberturas a la realidad de riesgos de la comunidad de Castilla y León.
 
2.26. Impulso firme de la formación
Homologaremos la formación profesional agraria en el sistema de formación del Departamento de Educación. Dotaremos de más medios la formación profesional y promoveremos la formación continuada de los profesionales de la agricultura.
 
2.27. Apoyo a las cooperativas agrarias
El sector de cooperativas agrarias merece nuestro decidido apoyo por su especial papel en el sector agroalimentario. Por ello nos comprometemos a modificar la Ley de cooperativas para adaptarla a la realidad del cooperativismo agrario y a impulsar la fusión de cooperativas y la formación de cooperativas de segundo grado y su modernización.
 
2.28. Principio de reciprocidad
Implantaremos el principio de reciprocidad a los productos alimenticios de otros países en lo que se refiere a requisitos normativos asociados (seguridad alimentaria, medio ambiente, etc.). El objetivo es garantizar al consumidor que adquiere un producto de igual nivel de calidad, evitar la competencia desleal y asegurar la competitividad de nuestra producción.
 
2.29. Precio justo para el campo
Estableceremos organismos interprofesionales que regulen las actividades de transformación de productos agrarios, para garantizar una justa distribución de los precios y unos justos precios para el agricultor
 
2.30. Denominación de origen
Fomentaremos medidas para mejorar la identificación, la comercialización y para dar más valor a los productos agrícolas y pesqueros de nuestras tierras y costas.
 
2.31. Explotación responsable
CILUS promocionará la agricultura ecológica y establecerá mayor control sobre los transgénicos.
Fomentaremos la explotación responsable de los recursos implantando planes específicos de gestión para la conservación y recuperación de los recursos.
Estableceremos un plan de sostenibilidad del campo castellano-leonés: Cañadas reales, cultivo del trigo, vinos de Castilla y León…
 
2.32. Una energía más eficiente, un medio ambiente más controlado
CILUS velará porque el desarrollo de la planificación territorial se realice respetando escrupulosamente los planes territoriales parciales bajo condiciones muy estrictas para su modificación.
Igualmente está siendo inadecuada las política de gestión de residuos que, lejos de controlar y mantener su volumen, siguen incrementándose por encima del 20% anual, por lo
que resulta imprescindible la disminución de envases y embalajes, la mejora del sistema de vertederos e incineradoras y la extensión de la recogida selectiva.
CILUS promoverá la inversión y la investigación en energías renovables, la eficiencia energética, las tecnologías del agua y la gestión de los residuos. Las medidas establecidas en el protocolo de Kyoto y la Directiva de comercio de emisiones en la Unión Europea hacen necesario un cambio de modelo energético en España
 
Más eficiencia, más ahorro energético y un uso responsable del agua
Daremos prioridad a la eficiencia, el ahorro y la mejora de los procesos productivos como base de la reducción del consumo energético de nuestra economía.
Promoveremos el cambio de procesos productivos, de organización, de diseño y de materiales con la finalidad de mejorar y alargar el periodo de vida de los productos finales.
Elaboraremos planes específicos de concienciación y sensibilización social sobre el ahorro y el uso racional de la energía eléctrica tanto en el ámbito doméstico como en el industrial.
Impulsaremos, por un lado, el ahorro energético mediante la penalización del derroche o el uso excesivo reflejado en las facturas; por otro, facilitaremos el asesoramiento de la Administración a las empresas para mejorar su eficiencia energética.
Promoveremos hábitos comerciales de menor producción de residuos.
Promoveremos que las bolsas de plástico de un solo uso sean del tipo biodegradable y la reimplantación del sistema de depósito y devolución de envases.
Potenciaremos la inversión en técnicas de optimización del uso de agua y la reducción de las cuantiosas pérdidas en las redes de distribución.
Promoveremos y facilitaremos la reutilización del agua en todas las depuradoras para el riego de zonas verdes, fuentes ornamentales y limpieza de calles.
 
2.33. Residuos
Velaremos por el correcto cumplimiento del Plan de Gestión de Residuos Municipales de Castilla y León, por que el mapa de plantas de tratamiento obedezca a la autosuficiencia de cada zona territorial y por que el fin último del proceso no sea la eliminación de residuos, sino la valorización al máximo de los mismos.
Fomentaremos la extensión de la recogida selectiva y mejora de las infraestructuras de tratamiento y reciclaje.
 
2.34. Disminuir la dependencia energética y mejorar la calidad del suministro eléctrico
Fomentaremos las energías renovables hasta superar el 20% de electricidad en 2020, pero con cupos y límites de retribución que eviten burbujas especulativas.
Impulsaremos no solo que se implanten megavatios, sino que tengan una industria asociada en Castilla y León y en el resto de España.
Promoveremos el máximo aprovechamiento de la energía geotérmica de Castilla y León.
 
2.35. Energías renovables y preservación del territorio
 
Reduciremos las primas a las plantas de energías renovables que se construyan a partir de ahora e impondremos recortes a las plantas existentes construidas con primas muy altas garantizando, en todo caso, las inversiones realizadas.
 
Energía solar. Generalizaremos la instalación de placas solares térmicas en edificios oficiales e incentivaremos su instalación en viviendas particulares.
Reduciremos las trabas impuestas por las compañías eléctricas para la producción y venta de energía de particulares. Obligaremos por ley a las compañías  eléctricas a admitir la alimentación en red de la producción sobrante de las placas solares instaladas en edificios de viviendas y casas unifamiliares. CILUS rechaza la intención de crear inspectores para castigar el autoabastecimiento con energía solar.
Perseguiremos el fraude fotovoltaico y eliminaremos la retribución a las plantas inscritas fuera de plazo.
 
Biogás. Impulsaremos el aprovechamiento de las posibilidades de biogás en los vertederos. Incrementaremos la reducción de impuestos a combustibles.
Impulsaremos la recuperación de espacios naturales muy deteriorados.

Energía eólica. Impulsaremos proyectos de desarrollo de sistemas de producción mejores más compatibles con los paisajes naturales y menos dañinos para las aves.
 

CAPÍTULO 3
POR UNA CASTILLA Y LEÓN DE LOS CIUDADANOS PARA LOS CIUDADANOS
Los servicios públicos, garantes del Estado de bienestar, tienen que ser una de las verdaderas prioridades de la política castellano-leonesa. CILUS se reafirma en su defensa del Estado del bienestar como garantía de la igualdad de oportunidades.
La educación es decisiva para el porvenir de toda sociedad y fundamental en la igualdad efectiva de oportunidades.
La salud es fundamental para el bienestar de las personas. Por ello CILUS quiere un sistema sanitario que, además del tratamiento de las enfermedades, se ocupe de la prevención, los hábitos saludables, la rehabilitación, la asistencia y la investigación.
Desplegaremos actuaciones políticas de prevención social dirigidas a los segmentos más vulnerables de la ciudadanía e incidiremos sobre las causas más habituales de exclusión social. Estos problemas deben quedar fuera de la disputa electoralista y demagógica dada su importancia en la construcción de una sociedad realmente libre y socialmente cohesionada.
En un contexto global de crisis, el acceso a la vivienda, ya de por sí complicado por causa de unas decisiones políticas inadecuadas, se ha convertido en una utopía. Para mejorar esta situación es necesario tomar medidas, no solo que revisen la regulación en materia hipotecaria y de tasación, sino también un nuevo modelo urbanístico más sostenible. Además, nos comprometemos firmemente a potenciar la cultura del alquiler, que en España se encuentra muy por debajo de la media europea.
En cuanto a la seguridad ciudadana, CILUS considera que es un servicio público imprescindible para el ejercicio libre y efectivo de las libertades públicas. Proponemos un modelo de seguridad que se articula en torno a tres ejes básicos: la prevención de la inseguridad y criminalidad, la consolidación de una percepción de seguridad y la represión de las conductas criminales.
 
3.1 Educación y cultura, bases para un futuro mejor
 
CILUS apuesta por una escuela pública de calidad y aconfesional donde la cultura del esfuerzo y el mérito sean los pilares del sistema educativo y que tenga como principales objetivos buscar la excelencia educativa y favorecer la promoción social.
La cultura también juega un papel primordial en la igualdad de oportunidades y por ello CILUS no sólo fomentará la creación y difusión de contenidos culturales, sino que promoverá todas las vías de acceso de los ciudadanos a esos contenidos, incluyendo las nuevas tecnologías
Preocupados por la tasa de fracaso escolar de nuestra Comunidad, así como por el abandono educativo temprano unido a la alarmante carencia de conocimientos de muchos de los alumnos que obtienen el Título de Educación Secundaria, CILUS propone y tiene como objetivo principal, en su Programa de Educación para la Comunidad de Castilla y León, la mejora de la calidad de la enseñanza así como poner los medios necesarios para erradicar el fracaso escolar.
En CILUS defendemos un sistema educativo público de calidad, en donde se valore el saber y el esfuerzo de los alumnos. CILUS lucha por conseguir la igualdad, entendida ésta como igualdad de derechos y oportunidades, lo cual significa que todos los castellano-leonesas deben poder beneficiarse del derecho a la educación a lo largo de las distintas etapas de su vida, tal y como queda recogido por la Constitución Española. Pero somos contrarios a que se alcance la igualdad en la educación rebajando la calidad de la enseñanza, ya que esto perjudica sobre todo a los estudiantes de familias de menor renta
 
3.2. Acabar con el fracaso escolar
 
Reforzaremos la autoridad de los docentes y el valor del esfuerzo en el aprendizaje, así como el cumplimiento de las normas de convivencia de los centros. Potenciaremos el desarrollo de las capacidades individuales.
Reforzaremos de forma prioritaria todos los aspectos del aprendizaje: la comprensión lectora, el razonamiento, el cálculo, la expresión oral y escrita, la expresión artística, las competencias digitales y el tratamiento de la información.
Actuaremos en los centros que obtienen peores resultados proponiendo las mejoras que se estimen necesarias, tanto referentes a la formación del profesorado, como a la adquisición de más y mejores recursos, o incluso cambios en la Dirección del centro educativo, u otras medidas pertinentes
Reforzaremos los programas de cualificación profesional inicial para mejorar la capacitación profesional de los alumnos con riesgo de abandono escolar.
Estableceremos un tutor personal que oriente a los alumnos con bajo rendimiento escolar en su proceso educativo individual.
Potenciaremos el deporte como recurso para la mejora de hábitos y comportamientos en los alumnos con riesgo de fracaso escolar.
Incentivaremos de manera especial la participación de las familias con hijos con problemas educativos y de aprendizaje, en el proyecto educativo, para abordar el problema con más garantía de éxito.
 
3.3. Más inversión y más calidad
Aumentaremos la inversión pública en educación hasta situarnos en la media europea, priorizando la escuela pública con el fin de aumentar su calidad.
CILUS promoverá las acciones oportunas para mejorar la conciliación laboral con la vida familiar teniendo en cuenta las iniciativas de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles.
Nos comprometemos a lograr una mayor implicación y apoyo de la Administración para resolver los problemas y dificultades de colegios e institutos.
 
3.4. Libros de texto gratuitos
Velaremos para mantener estables los contenidos en los libros de texto y estableceremos la reutilización de los libros mediante un sistema de préstamo por parte de los centros educativos que garantice el acceso gratuito de los alumnos al material didáctico.
Como complemento a los materiales didácticos tradicionales apoyamos el uso en soporte electrónico.
 
3.5. Armonización de contenidos en toda España
Nos comprometemos a trabajar por la armonización de los contenidos educativos en toda España para, sin perjuicio de la participación de las comunidades autónomas en contenidos particulares, garantizar que un alumno reciba la misma formación básica independientemente del lugar de residencia, lo que favorecerá así la libre movilidad de los alumnos y garantizará la igualdad efectiva de los estudiantes en la educación
 
3.6. Educación infantil
Daremos a la etapa de 0 a 3 años alcance universal y gratuito.
La educación infantil tendrá consideración de etapa educativa, con todas las consecuencias que ello conlleva, tanto en lo relativo a la formación académica previa del profesorado a contratar, que será requisito imprescindible, como a los demás aspectos formales relativos a los recursos destinados a esta etapa y la gratuidad de la etapa infantil, también en el ciclo 0
 
3.7. Educación primaria y secundaria
Para suavizar el salto cognitivo y organizativo que actualmente sufren los alumnos que se incorporan por primera vez a la Educación Secundaria, promoveremos la incorporación de programas especiales que permitan una adaptación progresiva del alumnado recién llegado a esta etapa. Programas que incluirán una tutoría más potente, menor número de profesores por grupo, monitores de recreo que favorezcan su integración a todas las actividades, pruebas iniciales para comprobar el nivel alcanzado por cada alumno en la etapa educativa anterior, y clases de refuerzo, entre otras medidas
Estableceremos itinerarios curriculares flexibles para atender las necesidades tanto de los jóvenes que aspiran a la universidad como de los que buscan una formación general.
Fomentaremos la autonomía económica de los colegios e institutos porque el gasto educativo es mucho más eficaz y eficiente cuando lo gestionan los propios centros. Se abre la posibilidad de obtener más ingresos si se fomentan actividades culturales y educativas. También permitiremos adaptar los gastos a las nuevas necesidades de unos centros educativos modernos abiertos a la sociedad.
Estableceremos más controles para evitar que la escuela concertada seleccione a su alumnado.
Potenciaremos mecanismos de evaluación externa y sistemática de la calidad del sistema educativo; en particular, estableceremos pruebas de aptitud para todos los estudiantes de la etapa obligatoria, haciendo públicos los resultados medios de los centros e incentivando su mejora.
Potenciaremos las cualidades individuales del estudiante para desarrollar su potencial humano y profesional, mediante profesionales cualificados en los colegios e institutos (psicólogos-coaching) para evitar el fracaso escolar, captar la excelencia en el alumno y poder guiarlo hacia el éxito
 
3.8. Bachillerato nocturno y a distancia
Garantizaremos el número de plazas suficientes para que, ya sea presencialmente o bien a distancia, mediante el IOC y mediante las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las personas puedan cursar el bachillerato nocturno, que les abra las puertas de la universidad.
 
3.9. Movilidad estudiantil y universitaria
Impulsaremos un programa de intercambio entre estudiantes de secundaria castellano-leonesas y del resto de España.
Fomentaremos la movilidad estudiantil universitaria, con mayores dotaciones de becas y la consolidación de una red de residencias universitarias que permita que los alumnos estudien sin dificultades en centros fuera de su localidad.
Apoyaremos la continuidad de los programas de intercambio universitario con centros del resto de España y de Europa (programas Séneca y Erasmus).
3.2
3.10. Formación Profesional
CILUS apoya los planes de introducir el Sistema Dual alemán de Formación Profesional que combina la formación en las empresas con la formación académica en institutos de F.P. Para impulsar este sistema será necesario crear maestrías (profesionales titulados capacitados para formar a aprendices) y cámaras de profesiones técnicas y artesanas que regularán la formación en las empresas. Con el Sistema Dual se podrá garantizar la excelencia en la formación y el ejercicio profesional y dotar a la vez a las empresas de canteras de nuevos profesionales y fomentar su competitividad y se reconocimiento.
 
3.11. Reordenación del mapa universitario
Apoyaremos la reducción de las plazas universitarias de aquellas carreras en las que merme la demanda suficiente. Los reajustes permitirán una mejor asignación de recursos.
Duplicaremos la inversión en investigación.
Adaptaremos los contenidos curriculares de los futuros licenciados a las necesidades profesionales de forma que mejoren sus aptitudes para ser empleados.
Alentaremos la creación de una Universidad Internacional pública de referencia, orientada a la excelencia académica y que ofrezca una formación de especialización y postgrado en lenguas internacionales como el español y el inglés.
 
3.12. Centros de Adultos
Impulsaremos aquellas actividades formativas en los Centros de adultos de la Comunidad de Castilla y León encaminadas a la obtención de titulaciones básicas, como la ESO, y también enseñanzas abiertas sobre destrezas básicas que cada centro considere oportunas según la demanda de su propio alumnado, como el uso de la informática en la vida cotidiana, habilidades sociales, cultura general y arte, salud humana, lengua española y conocimientos básicos sobre nuestra sociedad para inmigrantes
Fomentaremos el desarrollo de cursos de Formación Profesional Básica para adultos sin titulaciones básicas ni experiencia previa, a desarrollar por empresas seleccionadas por concurso, con exigencia de introducción en el mercado laboral para un determinado porcentaje de alumnos, incentivando económicamente aquellos resultados de colocación superiores a los acordados.
 
3.13. Excelencia educativa
En este sentido, CILUS luchará para conseguir la excelencia educativa para todos los castellano-leonesas, en contra del fracaso escolar, y a favor de una labor docente de calidad, además del ejercicio de una dirección de centros realmente bien liderada y eficazmente gestionada 
Estableceremos mecanismos para incentivar la excelencia en el profesorado. El trabajo del profesor debe ser reconocido, evaluado con criterios técnicos y objetivos, e incentivado económicamente en función del trabajo bien realizado. En este sentido, potenciaremos el desarrollo de una labor docente de calidad, mediante reconocimientos adecuados para los centros con mejores resultados académicos, o con medidas innovadoras de resultados contrastados
Asimismo, se reconocerá mediante documento oficial meritorio todas aquellas actuaciones docentes que, habiendo sido convocadas por organismos públicos o privados, conlleven la necesidad de desarrollarlas, en una parte o en su totalidad, fuera del horario habitual del centro, siempre y cuando dichas actividades sean especialmente diseñadas para el beneficio cultural, educativo o profesional de los alumnos del centro. Además, se procederá al justo y pertinente reconocimiento económico para el centro y/o los profesores responsables de este tipo de actividades
Daremos un nuevo impulso a la formación continua y al reciclaje del profesorado, mejorando la oferta actual y permitiendo el cómputo del tiempo destinado a esta formación como parte de su jornada laboral
 
3.14. Política cultural y de equipamientos culturales
Apoyaremos la creación cultural de calidad sin discriminación ideológica eliminando el clientelismo e introduciendo mecanismos de transparencia y equidad para evitar la dependencia de los creadores del subsidio y la subvención pública.
Aumentaremos los descuentos para parados, jóvenes y pensionistas en el acceso a ofertas culturales
Consolidaremos las redes de bibliotecas, museos y teatros, así como su accesibilidad al público. En ese sentido, extenderemos los horarios de las bibliotecas públicas, singularmente las universitarias (horarios más amplios y que incluyan festivos, ampliando la oferta de apertura las 24 horas en época de exámenes).
Elaboraremos un nuevo Plan de fomento de la lectura y promoción de la cultura que implique a la Administración, la enseñanza pública y privada y las redes de equipamientos culturales.
 
3.15. Escuelas artísticas
En Castilla y León tenemos mucha creatividad desaprovechada porque el aprendizaje musical resulta caro e insuficiente.
En CILUS apostamos por unos estudios musicales públicos de calidad y con mayores posibilidades profesionales. La falta de plazas en los Conservatorios obliga a muchos alumnos a estudiar en escuelas privadas que, si ofrecen un mínimo de calidad, tienen un coste muy elevado.
Propondremos que los profesores tengan que reciclarse cada cuatro años y que desarrollen más trabajo en grupo para que se consiga la unidad didáctica y homogénea en cada uno de los cursos.
Propondremos que los exámenes y pruebas de acceso sean realmente públicos. Una prueba pública ha de contar con publicidad y ser abierta al público, tal y como está previsto que sean, aunque este punto no suele cumplirse en la mayoría de los casos.
Propondremos que se instituya una especie de “bono-concierto” para los alumnos oficiales con el que, mediante el pago de una pequeña cantidad, tengan acceso a los conciertos. No puede aprenderse a discriminar las buenas interpretaciones de las regulares o malas sin capacidad de comparación
Propondremos la creación de una escuela de jazz pública, pues sólo se puede acceder a dicha especialidad desde la enseñanza privada o yendo a otra Comunidad Autónoma (Euskadi).
Propondremos la introducción en los conservatorios musicales del aprendizaje  de nuevas asignaturas como optativas, tales como: La música para el cine, la crítica musical, que sólo se puede acceder a ella desde la musicología y la lutheria.
 
3.16. La Sanidad, una garantía para todos los ciudadanos
[Ampliación del Programa General Electoral]
Una legislación sanitaria ha de velar por la mejor y más igualitaria asistencia para los ciudadanos y para que sus profesionales estén igualmente reconocidos.
La realidad es:
1) Que la cartera sanitaria está transferida a las distintas CC.AA. haciéndose esta transferencia con una base mínima que incluye cuando menos, la cartera común de Servicios del Sistema Nacional de Salud. Como cada CA tiene ingresos bien diferenciados, también los ciudadanos se ven así: claramente diferenciados.  
2) En España hay diecisiete CC.AA. y cada una tiene unos criterios distintos para dar cobertura a las personas que la necesitan y para retribuir a los profesionales sanitarios.
No puede ser que dentro del mismo territorio nacional sucedan diferencias tan grandes usuarios y profesionales se sientan agraviados.
3) Nuestro sistema sanitario y sus profesionales están muy bien valorados internacionalmente.
Debido a negligencias ajenas a su personal sanitario, se ha visto en los últimos años venido a menos: falta de inversión en edificios y material hospitalario, falta de estímulo y valoración al profesional, abuso y mal uso del sistema de atención por parte del usuario, prestaciones farmacéuticas mal utilizadas, etc.
Por eso CILUS propone:
a)     Que se reconozca el trabajo y esfuerzo del personal sanitario.
b)    Devolución de la Cartera de Sanidad al Estado para garantizar en todas las comunidades un trato equiparado, tanto para los profesionales como para los usuarios. Los salarios y horario laboral, así como la igualad en dotaciones sanitarias en todo el territorio, será centralizada. 
c)    Funcionamiento por objetivos personales y de servicio (no puede ser que alguien que trabaje mucho, cobre igual que quien no lo hace)
d)    Que se facilite y se exija una formación continuada para dar una buena asistencia y docencia.
e)    Los gerentes de los hospitales serán nombrados por su cualificación profesional demostrada, no por tendencias políticas afines al gobierno de la comunidad.
f)     Cooperación en investigación.
g)    Asistencia telemática a las zonas rurales más desfavorecidas.
h)    Las personas que han cotizado a la Seguridad Social y estando en situación de desempleo caigan enfermas, deberán tener garantizados los medicamentos y tratamientos que precisen.
i)      Los trabajadores autónomos que hayan sido trabajadores por cuenta ajena y que lleven poco tiempo como autónomos, deberían poder contar con una cobertura sanitaria básica gratuita.
j)      La carrera profesional será bien definida en todas las comunidades. No pudiéndose dar el caso actual de desigualdad y reconocimiento.
k)     Hay que dotar a los diferentes servicios de personal administrativo. Los profesionales sanitarios tienen suficiente con su trabajo asistencial.
l)      Intervenir de manera efectiva para agilizar las listas de espera.
m)  Si queremos que se desarrolle una buena sanidad pública, también deberemos formar sanitariamente a los ciudadanos para que hagan un buen uso de la misma.
n)    Camas socio-sanitarias.
CILUS defiende que el sistema sanitario publico sea universal y gratuito en la asistencia. Los servicios sanitarios constituyen uno de los pilares del estado del bienestar. La eficacia y la eficiencia no tienen que limitar que estos servicios sean prestados por una red de amplia cobertura. Sin embargo, se debe luchar contra el fraude y el abuso para garantizar la viabilidad de las prestaciones y su gratuidad. 
La dotación presupuestaria del sistema sanitario debe estar al mismo nivel que en otros países de la UE para que sean posibles las inversiones en la modernización y un régimen salarial que evite la pérdida de personal especializado ya altamente cualificado.
CILUS tiene un especial interés en la búsqueda de soluciones para las enfermedades consideradas nuevas o raras. CILUS seguirá favoreciendo la investigación y el desarrollo de medidas sanitarias, educativas y sociales que garanticen una atención adecuada a los pacientes y sus familiares. 
Con las medidas de ahorro y de aumento de ingresos que proponemos se garantizará la continuidad y calidad del sistema sanitario sin necesidad de recurrir al copago. De ningún modo, la menor capacidad económica puede convertirse en una barrera o un obstáculo que suponga un impedimento o un retraso en el uso de los servicios sanitarios que necesiten, especialmente en casos de marginalidad o de desempleo prolongado. La asistencia básica siempre deberá quedar garantizada. El copago sólo sería justificable para evitar abusos por parte de usuarios con motivaciones ajenas a las necesidades reales de atención sanitaria.
 
3.17. Atención Primaria
Aumentaremos el protagonismo de la Atención Primaria en el sistema sanitario y aplicaremos mecanismos para que sea la principal vía de acceso al sistema sanitario. Una mayor diversificación de la oferta sanitaria primaria y mejores horarios de atención contribuirán a una descarga de los servicios de urgencias.

Salud dental
La salud dental debe formar parte de las prestaciones sanitarias básicas. Todos los afiliados de la Seguridad Social deben poder contar con una asistencia dental básica gratuita (revisiones, empastes, medidas correctoras para jóvenes).   
 
3.18. Listas de espera
Deberán dinamizarse los servicios de consultas de especialistas y la realización de intervenciones quirúrgicas. 
Un objetivo importante será la reducción de los tiempos de espera. Una mayor eficiencia de la asistencia primaria facilitará una mayor eficacia de la asignación de especialistas y un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.
Propondremos la supresión de plazas de gestión, ocupadas por facultativos o personal de enfermería y su transformación en plazas asistenciales de Atención Primaria como medio de incrementar las plantillas que prestan la atención sanitaria más cercana a la población.Las tareas administrativas deberán ser realizadas principalmente por personal administrativo.
 
3.19. Salud mental
Implantaremos el plan integral de salud mental para conseguir la total equiparación de los servicios sanitarios y sociales de salud mental y desarrollar la coordinación de todos los servicios y todos los Departamentos en el ámbito de la salud mental.
Implantaremos el Programa de Seguimiento Individualizado (PSI), el Programa de Psicosis Incipiente o el Programa de Ayuda a la Asistencia Primaria como ejemplo de programas necesarios para abordar adecuadamente la salud mental en el conjunto de comarcas y poblaciones de la comunidad de Castilla y León
 
3.20. Nuevas enfermedades
Intolerancia al gluten. Estableceremos un etiquetado adecuado de los productos sin gluten que favorezca su identificación y consumo por parte de los celíacos y publicaremos una lista actualizada de alimentos aptos para este tipo de enfermos.
Fibromialgia y síndrome de fatiga crónica. Estableceremos medidas para el tratamiento y mejora de las personas que padecen fibromialgia y síndrome de fatiga crónica.
Enfermedades raras. Promoveremos la investigación de enfermedades raras (poco frecuentes) y estableceremos acciones que eviten su diagnóstico tardío y garanticen una atención adecuada a los pacientes y sus familiares.
Anorexia y Bulimia. Mejoraremos la atención sanitaria de los trastornos alimenticios, incidiendo de manera especial en el ámbito educativo.
 
3.21. Historia clínica
Impulsaremos la historia clínica compartida como mejora de la coordinación entre los servicios, de la toma de decisiones clínicas y del tiempo de respuesta de las mismas. Para ello se invertirá en sistemas informáticos eficientes interconectados por Intranet.
 
3.22. Fomento de las tecnologías de la comunicación
Crearemos un sistema de información único y compartido, accesible al ciudadano y a todos los agentes sanitarios.
Posibilitaremos el acceso de los ciudadanos a la consulta de la historia clínica, la petición de consultas, la comunicación con el personal sanitario, la obtención de prescripciones, etc.
La mejora de los sistemas de información evitará también situaciones de fraude y abuso (como ha sido el uso de tarjetas sanitarias de fallecidos para el acceso a medicamentos gratuitos, uso fraudulento de tarjetas sanitarias por terceros, etc.).
 
3.23. Controles de calidad
Estableceremos una evaluación periódica y objetiva de la eficiencia, la atención a los enfermos y la satisfacción de los mismos mediante unos estándares de calidad obligatorios para todo el sistema.
 
3.24. Racionalización del gasto
Mediante el fomento de las tecnologías de la información en la sanidad reforzaremos el uso de genéricos que sean igualmente eficaces que los de marca.
Implementaremos la dispensación por dosis exactas pautadas evitando comercializar una mayor cantidad de unidades de producto de las que necesita el paciente.
Mejoraremos el control sobre el número de recetas por persona dado el incremento enorme de las prescripciones y de la demanda de medicamentos.
En el ámbito de la Atención Primaria, los profesionales médicos y de enfermería serán responsables de la buena gestión de la sanidad. Los médicos, entre otras actividades, recetan, solicitan pruebas, gestionan las altas y bajas y derivan a especialistas, mientras que los profesionales de la enfermería gestionan la atención domiciliaria y el seguimiento de los pacientes crónicos, la educación sanitaria y las intervenciones grupales y comunitarias.
Potenciaremos la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales (atención primaria, atención especializada y asistencia hospitalaria) y entre los distintos profesionales implicados (fisioterapeutas, trabajadores sociales, trabajadores ocupacionales, psicólogos, técnicos sanitarios...) en la atención al usuario del sistema sanitario.
Sensibilizaremos a los profesionales sanitarios en el ámbito hospitalario sobre la gestión del gasto farmacéutico, pruebas complementarias, ingresos y altas hospitalarias, intervenciones quirúrgicas, utilización del material sanitario y aplicación eficiente de los planes de cuidados.
Desarrollaremos un modelo sanitario que potencie la investigación, la docencia y la asistencia basada en la evidencia.
Igualmente establecer medidas de educación de los pacientes con campañas donde se explique que la sanidad se paga con impuestos de los ciudadanos y los altos costes de determinados servicios. Generalizaremos las llamadas “facturas en la sombra” que informan al ciudadano de lo que ha costado su atención en un centro de la sanidad pública.
Estableceremos desgravaciones fiscales para las cuotas pagadas a las mutuas y seguros médicos por la cobertura de asistencia médica.
Excluiremos de financiación pública los medicamentos nuevos que no aporten un beneficio terapéutico evidente y suficientemente probado.
Apoyaremos la consolidación de una central de compras de medicamentos entre todos los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas que puede ahorrar hasta un 20% de la factura farmacéutica.
Apoyaremos que las contingencias laborales sean abonadas por las mutuas.
Apoyaremos la revisión de las tarifas que pagan las mutuas por la atención que realizan los servicios públicos a los que han padecido accidentes de tráfico.
Propondremos que se modifiquen los mecanismos de gestión de reembolso a los pacientes de la Unión Europea.
 
3.25. Mejora de los ingresos
Impuestos con finalidades concretas. En CILUS queremos destinar a la sanidad los impuestos especiales que gravan el alcohol y el tabaco.
Mejora de la financiación. En CILUS somos partidarios de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera pueda especificar un presupuesto orientado en finalidades para la Sanidad y que una parte del presupuesto deba dedicarse obligatoriamente a la Sanidad, pues sólo así se hará un análisis real del gasto sanitario.
Incluiremos servicios sanitarios no gratuitos, como podología, fijando como cantidad a pagar al año una cifra accesible para la mayoría de la ciudadanía.
 
3.26. Sistema farmacéutico
De acuerdo con la UE fomentaremos la liberalización del modelo farmacéutico, mejoraremos el acceso y defenderemos su interés como servicio público.
Proponemos el llamado “modelo de mínimos” y estableceremos en 150 metros la distancia mínima entre farmacias y un mínimo de 700 habitantes por farmacia. Ello supondrá una mejora y mayor cercanía al usuario así como la creación de miles de puestos de trabajo.
Promoveremos la integración de la oficina de farmacia en el equipo multidisciplinar del centro de salud y se incentivará el desarrollo de la Atención Farmacéutica.
 
Servicios Sociales
3.27 Los Servicios Sociales, una auténtica política de unión y cohesión social.
Para CILUS el bienestar social y redistribución justa son un pilar fundamental para la cohesión y la integración en una sociedad avanzada. Lo que une y cohesiona una sociedad moderna y compleja, es una mayor libertad, justicia, redistribución justa y bienestar
En nuestro país nueve millones de personas viven bajo el umbral de pobreza. Hay 1.328.000 hogares con todos sus miembros en paro lo que supone el 10,25% del total de hogares españoles.
El 13,6% de la población castellano-leonesa vive bajo el umbral de pobreza (encuesta condiciones de Vida 2009 del INE).
Los colectivos más afectados por la crisis son los parados recientes (jóvenes en busca del primer empleo, autónomos sin protección social y parados de más de 45 años) familias jóvenes con niños pequeños y mujeres.
España es uno de los países europeos con mayor porcentaje de jubilados en riesgo de pobreza relativa, según el Informe de Ghesta del Mº de Hacienda.
Cerca del 6% de la población anciana de la Comunidad de Castilla y León está por debajo del umbral de pobreza.
Para CILUS, una sociedad que tolera bolsas de pobreza no puede considerarse desarrollada ni justa.
Consideramos que son los  servicios sociales públicos a quienes corresponde dar la respuesta necesaria a este grave problema. Por ello para gestionar y solucionar lo que constituye una cuestión de justicia social son precisos unos Servicios Sociales suficientes, racionalizados y efectivos.
Es necesario que las personas y hogares afectados y/o en riesgo de exclusión social mantengan vínculos con el mercado de trabajo y no pierdan relaciones sociales. La Administración Pública debe ofrecer con urgencia soluciones a aquellos hogares en grave riesgo de deterioro de las condiciones de vida como la pérdida de la vivienda por impagos o del empleo debido a la crisis económica.
Por ello, en CILUS priorizamos las actuaciones políticas que impidan la exclusión social: debe favorecerse el acceso al mundo laboral, especialmente a los desempleados de larga duración y los jóvenes que no han encontrado su primer empleo, a una vivienda, apoyando a las familias, a los enfermos dependientes y crónicos, a la tercera edad, etc.
 
3.28. Reforzamiento de la Red de protección social 
Avanzaremos en la definición de una última red de protección social .Estableceremos programas de cualificación de largo recorrido que permita la satisfactoria y definitiva reincorporación social y laboral.
 
3.29. Apoyo a las familias y conciliación de la vida laboral 
Ampliaremos las deducciones fiscales por hijo a cargo.
Multiplicaremos las plazas de guarderías públicas y promocionaremos la oferta privada. La vida laboral de los padres y la cercanía deben ser criterios fundamentales para la asignación de plazas.
Ampliaremos las subvenciones económicas para guarderías, flexibilizaremos los horarios de servicio (ampliación de rango horario) e incentivaremos su instalación en los lugares de trabajo.
Ampliaremos el derecho al servicio social de respiro para personas que atienden familiares con dependencia y/o discapacidad, para mejorar su vida personal, familiar y laboral.
Dotaremos fondos para la efectiva aplicación de la ley de dependencia así como agilizaremos los trámites para la percepción de las ayudas.
 
3.30. Custodia compartida
Reformaremos la ley de divorcio del 2005  y de los artículos del código civil que regulan la guarda y custodia de los menores tras la separación de los progenitores estableciendo una regulación clara y efectiva de la custodia compartida como régimen preferente en caso de ruptura familiar,  como medio de promover la igualdad entre los progenitores, reducir los conflictos familiares y co-responsabilizar a ambos progenitores en la educación de sus hijos.
Asimismo promoveremos medidas que garanticen los derechos de los abuelos a participar en la vida de sus nietos en caso de ruptura familiar.
Promoveremos la creación de un cupo social de padres y madres divorciados con hijos para el acceso a las viviendas de protección oficial (VOP) gestionadas por el IVIMA.
Solicitaremos que los procesos de mediación familiar, como fórmula extrajudicial de resolución de conflictos inherentes a la situación de ruptura de parejas que afecten esencialmente a hijos menores, tengan carácter gratuito y obligatorio.
Exigiremos el efectivo e inmediato cumplimiento del régimen de visitas establecido judicialmente, evitando la dilación en el tiempo y su acumulación en los juzgados.
Promoveremos el endurecimiento de la normativa legislativa que sanciona con medidas civiles y/o penales los supuestos de conductas obstructivas de la relación parentofilial.
 
3.31. Familias monoparentales
Equipararemos en la Comunidad de Castilla y León los derechos y beneficios que se aplican a las familias numerosas a las familias monoparentales con 2 hijos que no perciban pensiones alimenticias.
 
3.32. Atención a la discapacidad
Agilizaremos la recepción las ayudas para la adaptación o accesibilidad de la vivienda personas con discapacidad que actualmente pueden llegar a retrasarse hasta un año. 
Ampliaremos el programa de ayudas de atención social a personas con discapacidad aumentando las ayudas económicas necesarias para el desarrollo de la autonomía de personas con discapacidad física, psíquica o sensorial.
Aplicaremos efectivamente las directrices de integración social del discapacitado establecidas en la legislación: reserva del 2% de los puestos de trabajo en plantillas de más de 50 empleados
 
3.33. Accesibilidad
Mejoraremos la accesibilidad de los locales públicos a minusválidos y personas de movilidad reducida. 
Apoyaremos la subvención de las obras de adaptación de los locales a estas circunstancias.
Reduciremos el umbral de superficie para la exigencia de accesibilidad (actualmente 400 metros).
Aceleraremos la mejora de la accesibilidad en los medios de transporte público directamente gestionados por la  Comunidad de Castilla y León y en los de carácter local, suprimiendo las barreras arquitectónicas actualmente existentes.
Generalizaremos la instalación de avisos sonoros en todos los semáforos urbanos, para facilitar el tránsito autónomo de los invidentes.
Consolidaremos el apoyo público a la mejora de la accesibilidad de las nuevas tecnologías y potenciaremos la creación de empleo para minusválidos, para garantizar en la medida de lo posible su inserción social.
 
3.34. Protección y asistencia a la infancia
Proponemos la revisión del sistema de protección de menores desamparados (víctimas de maltrato, abuso sexual, abandono, etc.,) y en general de los procedimientos relacionados con la infancia (adopción, acogimiento familiar, acogimiento residencial).
Implicaremos activamente a la Administración en la garantía de los derechos de la infancia y vigilancia de su vulneración. Para ello incrementaremos y reforzaremos los recursos humanos y económicos para garantizar la efectiva protección de estos menores en riesgo y evitar los fallos que se producen en la Administración.
Instaremos a un endurecimiento de las penas por los delitos de maltrato y/ o abuso de menores.
Aumentaremos el número de centros de acogida.
 
3.35. Atención a la tercera edad y dependientes.
Incrementaremos los servicios de proximidad con un aumento de las horas/día en el servicio de ayuda a domicilio y los centros de día.
Aumentaremos las plazas de residencias para mayores y/o dependientes así como las viviendas tuteladas para mayores.
Centros socio-sanitarios de cercanía. Potenciaremos y promoveremos en coordinación con los ayuntamientos y con el sector privado, la creación de viviendas asistidas en los barrios que faciliten un mínimo apoyo sanitario para los ancianos y que les permita, según su grado de dependencia, más movilidad y autonomía, facilitándoles en el día a día la convivencia y el contacto con sus familias y con personas ajenas al mundo hospitalario.
Potenciaremos la telemedicina, que mediante exploraciones medicas a distancia, a través de las telecomunicaciones, permita una mejora y un mantenimiento de su salud.
Primar los servicios sobre las ayudas económicas para impulsar el empleo.
Seguimiento de las ayudas económicas para el cuidador familiar. Verificar si efectivamente cuidan los familiares o personas contratadas con esa prestación.
Mejorando los mecanismos de inspección, velaremos rigurosamente por la normativa sobre residencias concertadas.
Dotaremos de fondos suficientes a la ley de dependencia para su efectiva aplicación en la Comunidad de Castilla y León exigiendo el cumplimiento de los plazos para la percepción de las ayudas, como sucede en otras CCAA.
Solicitaremos un endurecimiento de las penas por los delitos de abandono y maltrato a mayores.
 
3.36. Violencia doméstica
Propiciaremos la modificación de la ley de maltrato de género por una ley de violencia doméstica o familiar que no discrimine al agresor en función del sexo y que contemple en igualdad de condiciones a todas las víctimas del maltrato en el ámbito domestico con independencia de su posición en el núcleo familiar  ya sean menores, abuelos o progenitores.
 
3.37. Drogodependencia
Nuestro objetivo será luchar contra la drogodependencia mediante campañas de información, centros de desintoxicación y rehabilitación y la atención a la población marginal afectada mediante programas educativos y sociales. 
 
3.38. Apoyo al tercer sector social
Incentivaremos la mejora de los servicios sociales mediante el apoyo creciente al tercer sector social, es decir, a las entidades de la sociedad civil implicadas en atender a personas necesitadas; todo ello con la finalidad de sumar esfuerzos e impedir la exclusión social.
 
3.39. Regulación de la prostitución
Defenderemos un marco legal regulado para el ejercicio de la prostitución voluntaria. Éste permitiría una mayor protección y seguridad de las personas que se dediquen a tal actividad, velando por la voluntariedad de su ejercicio y por el control de las condiciones de salubridad e higiene en su práctica. Se permitirá así la incorporación regulada al mundo laboral en régimen de autónomos de aquellos que la ejercieran profesionalmente. Se restringirá el ejercicio de esta actividad económica en locales convenientemente legalizados, prohibiéndose su ejercicio en el espacio público. Los clientes que hiciesen uso de los servicios sexuales fuera de los ámbitos legalizados serán severamente sancionados.
Esta regulación vendría acompañada de una persecución policial implacable de las redes criminales de explotación sexual, así como una modificación legislativa que aumentase las penas por esta tipología delictiva.
Abogamos por la regularización del ejercicio como actividad económica con un régimen especial de la Seguridad Social, con servicios especializados dedicados cubiertos por las cotizaciones de los afiliados en este régimen especial.
 
3.40. Comprometidos con la calidad de vida: Vivienda y Urbanismo.
La crisis actual está agrava las dificultades de acceso a la vivienda de muchos ciudadanos que ya las tenían por la especulación y el consiguiente aumento de precios sufridos en el periodo 2000-2007. Esta situación la padecen especialmente los sectores económicamente más débiles: los jóvenes, los mayores y las familias con menores recursos como las monoparentales o numerosas.
Para CILUS es necesario tomar medidas para impedir que se prolongue esta situación o que en el futuro se produzca una dinámica similar. Una nueva regulación hipotecaria, una mejor valoración y tasación de los activos inmobiliarios por las entidades financieras y las empresas de tasación, y una política fiscal de fomento del alquiler, han de ser las bases para combatir la especulación en el mercado de la vivienda.
El problema de desahucio al que se enfrentan muchas familias españolas ante la pasividad absoluta de las administraciones tanto locales, como autonómicas y nacionales, es una vergüenza nacional tan grave como el paro, además de ser anticonstitucional. Este hecho deberíamos denunciarlo todos ante el Defensor del pueblo.
 
Los bancos y cajas de ahorro, que, en realidad y según algunas sentencias judiciales, son los principales responsables del impago de las hipotecas, por haber tasado ellos mismos las viviendas por encima de su valor real y por haber provocado ellos mismos el desastre financiero,  cuentan con toda la ayuda del Estado – es decir con el dinero de todos los españoles-, no solo para sanear sus balances sino para quedarse con los pisos de las familias desahuciadas y poderlos vender en su día a mejor precio.
 
Proponemos:
1. Que la urgencia que han mostrado nuestros diputados para sacar adelante algunas leyes baladíes, la muestren para cambiar la legislación para que sea legalmente posible la dación en pago.
2. Que parte de los millones que el Gobierno les han concedido y les concede a los bancos, los empleado para quedarse directamente al menos con parte de      los inmuebles, y entre ellos las viviendas que salen a pública subasta para que sus dueños no sean desahuciados, a la espera de que algún día puedan pagar un alquiler social e incluso recuperar la vivienda en tiempos mejores. Habría salido más económico. No tendríamos el drama de tantas familias desahuciadas. Y si nunca más estuvieran en condiciones económicas de poderlo recuperar, al menos podrían pagar alquiler social adaptado a sus necesidades. Esto debería aplicarse incluso para las familias que ha sido ya desahuciadas
 
Acciones que proponemos:
A)      Poner, como partido, una denuncia ante el Defensor del Pueblo por incumplimiento por parte del Gobierno de una de sus principales obligaciones.
B)      Apoyar con la recogida de firmas todas las iniciativas legislativas populares que se propongan en este sentido, cualquiera que sea el grupo social de donde nazcan
C)      Denunciar la política errónea, incluso desde el punto de vista económico, que está llevando el Gobierno,  pues con nuestra propuesta se podría salvar al mismo tiempo tanto a las familias que van a ser desahuciadas como a los bancos.
 D)     Promover una campaña para que el Estado se quede con parte de las viviendas vacías, y que de todas formas va a financiar a los bancos, y las dedique a un alquiler social, para que ningún español quede en calle. 
 
3.41. Banca y Ley Hipotecaria
Teniendo en cuenta los graves problemas relacionados con la banca que están sufriendo muchos españoles -desahucios, preferentes, etc.- y ante la pasividad de los partidos políticos, tanto de los partidos en el gobierno central y en los autonómicos como de los partidos en la oposición, proponemos una serie de medidas:

1.- Consideración general

CIUDADANOS LIBRES UNIDOS (CILUS), respeta la libertad individual de las partes en la contratación de los productos y servicios financieros, salvaguardando los derechos de los Consumidores y Usuarios y abogando, sobre todo, por el derecho de información antes de contratar cualquier Producto y Servicios. En este sentido, y en lugar y letra perfectamente legibles, se indicará si el documento cuenta con la supervisión y la valoración de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España u de otro Organismo, donde se indique la peligrosidad del producto con la imagen del semáforo y se exprese claramente que el contratante ha entendido las CONDICIONES.

2.- Respecto a los bancos y cajas de ahorro rescatados

CIUDADANOS LIBRES UNIDOS (CILUS), impondrá respecto a aquellas Entidades Financieras que acudan al rescate el siguiente método de trabajo:
Agilización del Crédito, en condiciones suaves, sobre todo a favor de las MICRO-, Pequeñas y Medianas Empresas, como medida de fomento de la economía y para facilitar la creación del auto-empleo,
Obligación de tramitación de los Prestamos del Instituto de Crédito Oficial (ICO) u otro Organismo con similares funciones,
Regulación por parte del Estado de los Interés y Comisiones que podrán cobrar dichas entidades,
Regulación igualmente por parte del Estado de las Condiciones en la Concesión de los Prestamos Hipotecarios,
Sometimiento a unas normas de Saneamiento y a una mayor garantía frente a los depositantes.

3.- Respecto a la dación en pago

a) Para futuras hipotecas

CIUDADANOS LIBRES UNIDOS (CILUS), está a favor de la DACIÓN EN PAGO, para futuras hipotecas, y en este sentido fomentará y apoyará un cambio legislativo, intentando que esto no lleve consigo una contracción del Crédito Hipotecario. La dación debe de ser INTEGRAL, es decir que implique tanto a las Administraciones, como a las entidades financieras y a los tasadores inmobiliarios, con exención del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, de y de PLUSVALÍAS INCIERTAS que se generan al poner en la DACIÓN EN PAGO un importe muy superior al de compra, y cualquier otro impuesto o tasa que tenga una relación directa con la dación en pago. 

b) Respecto a las actuales hipotecas

CIUDADANOS LIBRES UNIDOS (CILUS), consciente, por un lado, de que los prestamos hipotecarios actualmente existentes se han formalizado en las condiciones legales vigentes y, por otro, de las graves consecuencias sociales y económicas que esto ha llevado consigo, PROPONE LAS SIGUIENTES MEDIDAS:

3.1 Supresión de los Intereses de Demora abusivos y de las Comisiones por reclamación de descubiertos. 

3.2 Reactivación del Préstamo Hipotecario, en cualquier momento, siempre que se paguen las Cuotas Pendientes de pago, con sus gastos añadidos, quedando igual, como mínimo, el plazo de vencimiento del mismo.

3.3 Instaurar el Derecho de Retracto en las Ejecuciones Hipotecarias, de tal manera que el Propietario de la Vivienda, pueda adquirirla, por el precio de Remate de la Subasta. En este caso, el Prestatario, si deberá responder por el total de la deuda, que contrajo en su día; se deberá establecer un plazo para ejercer este derecho de retracto.

3.4 Si el Deudor no hace uso del Derecho de Retracto, habrá que estudiar las condiciones individuales que se han dado en la tramitación y en la concesión del Crédito Hipotecario:

3.4.1 Si en la tasación, el estudio de viabilidad, la capacidad de amortización, y demás condicionantes que lleva consigo la concesión de este tipo de préstamos, se ha seguido el Código de Buenas Prácticas Bancarias, el deudor tendrá que asumir las consecuencias de la ejecución. No obstante, las Empresas Tasadoras deberán soportar su responsabilidad, y el valor que certifican debe ser VINCULANTE, tanto para la operación y para la Entidad Financiera, como para el Tasador, respondiendo éste por su diferencia de valor.

3.4.2 Si se trata de la primera vivienda y el deudor no tiene rentas superiores a 2 veces el IPREM, en su conjunto familiar y está en cualquiera de los supuestos familiares contemplado en el actual Real Decreto Ley 27/2012, de 15 de Noviembre, se le formalizará un Contrato Social de Alquiler Eventual, hasta que la vivienda sea vendida a una nueva persona, para su uso como VIVIENDA HABITUAL. El precio del alquiler habrá de ser un 50% inferior al precio de metro de vivienda en ese mismo edificio o zona cercana.

3.4.3 Si, en la Concesión del Préstamo no se ha ejercido el Código de Buenas Prácticas bancarias, SE PENALIZARÁ a la Entidad Prestamista:
Al re-calculo de los intereses de demora, que no podrán ser superiores a cuatro puntos de los intereses originales del préstamo.
A la anulación del suelo de intereses.
A la anulación de las Comisiones de Reclamación de Descubiertos.
A la Liberación de la Deuda, por el Importe de la tasación de la Vivienda. 

3.4.4 Para los Prestamos Hipotecarios, en vigor, en los cuales el prestatario vaya al corriente de pago:

3.4.4.1Supresión de los Intereses de Demora abusivos y las Comisiones por Reclamación de descubiertos.

3.4.4.2 Supresión del “suelo de intereses”, para que el préstamo tenga siempre el mismo diferencial, pactado, con el Índice de Referencia.

3.4.4.3 Las administraciones (Estado, CC.AA., Ayuntamientos, etc.) pondrán un servicio de asesoramiento legal y de negociación, para el ciudadano, para “negociar” ante la Entidad Financiera Prestadora la posible “Dación en Pago” y la contratación del Alquiler Social Eventual, en las condiciones expuestas anteriormente.

4.- Respecto a los alquileres

CIUDADANOS LIBRES UNIDOS (CILUS), fomentará una política de alquileres en condiciones favorables, como alternativa a la costumbre, generalizada, de la compra de vivienda, adaptándola en este sentido a lo que existe en la -zona Euro, sobre todo para aquellas familias que no puedan asumir los gastos de amortización de un préstamo hipotecario, protegiendo tanto los derechos como las obligaciones de las partes.
 
3.42. Mercado de alquiler
Incentivaremos la incorporación de la vivienda desocupada en el mercado de alquiler mejorando las garantías jurídicas de los arrendadores, tanto en el cobro del alquiler como en el mantenimiento de la vivienda.
Estableceremos deducciones fiscales significativas (del 20% o hasta 2000 euros, en función de la renta) en el tramo autonómico de la declaración de IRPF para los inquilinos.
 
3.43. Vivienda protegida
En el marco de las reservas obligatorias de vivienda que se establecen en los planes urbanísticos, fomentaremos un mercado de vivienda protegida que no se podrá incorporar al mercado de renta libre, estableciendo en caso de venta su reversión al Estado.
Estableceremos colaboraciones con las corporaciones locales para financiar la adquisición de stocks de viviendas vacías para que sean destinadas a viviendas de protección oficial de alquiler.
 
3.44. Rehabilitación
Potenciaremos la rehabilitación de viviendas basada en cambios estructurales y mejoras en la eficiencia energética con el objeto también de promover la actividad económica.
Fomentaremos actuaciones integrales en núcleos antiguos para estimular la actividad y el ahorro de suelo.
 
3.45. Disponibilidad de suelo
Fomentaremos la utilización racional del suelo con sujeción a las necesidades reales de la demanda en función del crecimiento de la población, según un modelo compacto sustentable de acuerdo con las recomendaciones de la Conferencia de Río. A tal efecto se fijará para cada municipio un nivel máximo de densidad para el suelo urbanizable en las revisiones de su planificación general, en función de las proyecciones de población y de actividades, con aplicación de los estándares adecuados a nuestro nivel de desarrollo para la reserva obligatoria del suelo destinado a equipamientos y dotaciones, servicios técnicos, espacios libres y zonas verdes.
 
3.46. Participación ciudadana en el planeamiento
Defendemos la participación ciudadana en el  planeamiento y la transparencia en los procesos de recalificación del suelo, ya que la ciudad es de todos los ciudadanos, no solo de los propietarios de los terrenos.
 
3.47. Ciudades para vivir
Defendemos el mantenimiento y la distribución equilibrada de zonas verdes en el interior de las ciudades, garantizando un mínimo de 15 metros cuadrados por habitante, como recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Nos oponemos a cualquier proyecto urbanístico que incremente significativamente la densidad global en los municipios superpoblados. Velaremos para que las reservas obligatorias del suelo destinado a equipamientos y zonas verdes se mantengan en la proximidad de las áreas objeto de las actuaciones urbanísticas.
 
3.48. Infracciones urbanísticas
Las administraciones velarán para que los efectos de las infracciones en materia urbanística no se rediman solamente mediante compensación económica, sino que se proceda en todos los casos a la reposición de la situación anterior.
 
3.49. Una Justicia independiente y unos ciudadanos seguros
 
Para CILUS es fundamental la preservación del Poder Judicial como pilar del Estado de Derecho que garantiza a los ciudadanos dos derechos fundamentales que establece la Constitución: la tutela judicial efectiva y el derecho de defensa. El Poder Judicial debe estar realmente constituido por jueces y tribunales independientes e imparciales, garantes de una justicia igual para todos, evitando presiones políticas o de cualquier orden.
Para garantizar esta independencia consideramos primordial el mantenimiento de un único Poder Judicial para toda España, con una sola Jurisdicción Ordinaria, cuya cúspide sea el Tribunal Supremo. También exige una carrera judicial única y un cuerpo de funcionarios único cuyos miembros sean seleccionados por parámetros objetivos, basados en la competencia y el mérito.
En caso de que se implante finalmente la Justicia de proximidad, ésta debe ser servida por funcionarios de la carrera judicial ajenos a nombramiento de las administraciones, sin perjuicio de que se puedan o deban potenciar sistemas complementarios para la resolución de conflictos, mediante órganos de arbitraje y mediación que puedan aligerar el número de causas en la Administración de Justicia.
Establecer un clima de seguridad exige mayor presencia policial en las calles que impida conductas incívicas y pequeños delitos que generan una gran sensación de inseguridad.
Os oponemos a los planes de introducir una jurisdicción privada no integrada en la justicia ordinaria del estado en virtud de los tratados de libre comercio como CETA o TTIP.
 
3.50. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el Tribunal Supremo
CILUS sostiene que, para que todos los ciudadanos españoles, estén donde estén, mantengan el mismo derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, debe preservarse al TS como el más alto tribunal de la jurisdicción ordinaria, manteniendo los recursos de casación que le son atribuidos.
 
3.51. Medios materiales para justicia
Dotaremos los medios necesarios para mejorar la profesionalidad de todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia para aumentar su eficiencia y asegurar la eficacia en los procesos y las resoluciones.
Estableceremos un sistema informático que permita la conexión entre todos los órganos judiciales para facilitar la relación entre juzgados.
Estableceremos un sistema informático que permita a los ciudadanos consultar el estado de su procedimiento judicial.
Estableceremos un plan de gestión de documentos que garantice la correcta administración de archivos en todos los juzgados de Castilla y León
 
3.52. Trámites telemáticos
Impulsaremos la implantación la gestión telemática de los procedimientos judiciales: Presentación y contestación de demandas, notificación de audiencias  y sentencias etc. siempre que actúen profesionales. Mientras no se haga efectivo, mejoraremos las actuales herramientas informáticas
 
3.53. Sedes Judiciales
Propondremos la unificación física de los Juzgados por jurisdicción.
 
3.54. Integración y coordinación en el modelo nacional de seguridad privada
Promoveremos una regulación más eficiente y consensuada del marco legal de los profesionales de la seguridad privada. Endureceremos las sanciones contra las prácticas del intrusismo profesional. Estableceremos planes de formación para la profesionalización del sector y la regulación profesional de los mandos intermedios.
 
3.55. Tráfico
Potenciaremos la información y la formación en el ámbito escolar en coordinación con la Policía Local en temas de prevención y seguridad viaria.
Elaboraremos un plan de mejora de puntos negros así como tramos de concentración de accidentes.
Destinaremos el 5% de las inversiones en infraestructuras a mejorar la seguridad y a campañas de sensibilización.
Elevaremos la velocidad máxima autorizada a 140 Km/h en autopistas y autovías.
Sustituiremos los actuales guardarrailes por unos de doble bionda.
 
3.56. Protección civil
Dotaremos al Cuerpo de Bomberos de más recursos humanos y medios suficientes para que cumplan sus funciones con más seguridad y eficacia.
Impulsaremos la coordinación de los diferentes cuerpos de bomberos de Castilla y León entre si y con el resto de cuerpos de bomberos de las demás CCAA.
Apoyaremos la profesionalización del Cuerpo de Bomberos y promoveremos la homologación y regulación a nivel estatal de la normativa aplicable al Cuerpo de Bomberos con el fin de equiparar las cuestiones básicas, tales como formación, acceso, salarios, etc., en su condición de agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
Impulsaremos un plan integral de gestión forestal que tenga como objetivo conseguir un mantenimiento de los bosques que minimice los riesgos de incendio y, en caso de producirse, facilite la extinción y dificulte la propagación.
Crearemos un protocolo de coordinación entre voluntarios forestales y Protección Civil.
Velaremos porque la repoblación de bosques y montes quemados se realice con especies autóctonas. Impulsaremos la organización, formación y planificación de cuadrillas que desarrollen tareas de limpieza y retirada de materia orgánica durante el año de bosques y montes, en orden a prevenir incendios y obtener recursos energéticos (biomasa).
También unificaremos criterios y estrategias de los diferentes planes de protección civil a nivel local, autonómico y nacional para una mejor coordinación.

3.57. Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y de los Animales
Castilla y León es una región de especial importancia medioambiental. La urbanización incontrolada de sus costas, sobre todo en el Mediterráneo, ha dañado seriamente los entornos naturales de ciudades y pueblos. Explotaciones industriales en la cercanía del Parque Nacional de Doñana y de otras zonas protegidas han causado daños que son de difícil reparación.
CILUS quiere dotar la protección medioambiental de más recursos. La planificación urbana y de costas debe ser sostenible y tener por objetivo la recuperación de entornos naturales, así como la reforma y adaptación de las zonas turísticas para conseguir una mayor armonía entre infraestructuras y naturaleza.
Los litorales que aún permaneces intactos deben contar con una especial protección y ser excluidos de la urbanización para un turismo masivo. Todo el entorno del Parque Nacional de Doñana, así como él de los parques naturales debe contar con un plan de control especial para evitar que las zonas protegidas puedan ser perjudicadas por efectos secundarios (excesiva extracción de aguas subterráneas, emisión de contaminantes atmosféricos y acuáticos).
Las explotaciones ganaderas deberán cumplir con los requisitos para instalaciones adecuadas a las necesidades de los animales. La ganadería intensiva y los transportes ganaderos deben responder a criterios de trato respetuoso de los animales.



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